El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) solicita en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que se extremen las precauciones en relación al cultivo y comercialización de productos transgénicos.
Junto al CES, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente instar al Gobierno a prevenir y sancionar los daños producidos por los transgénicos. Estas instituciones confirman las reiteradas denuncias de la sociedad civil, que se manifestará el 17 de abril en Madrid por una alimentación y una agricultura libres de transgénicos.
El Consejo Económico y Social lamenta en su dictamen que el Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición se olvide de los alimentos transgénicos, y solicita al Gobierno extremar las precauciones en relación al cultivo y comercialización de productos transgénicos, así como asegurar las garantías en materia de salud y medio ambiente. A su vez, pide enfatizar su prevención y la necesidad de que los poderes públicos se impliquen en facilitar la investigación e información sobre aspectos vinculados a la producción y composición de los alimentos, especialmente de los productos derivados de organismos modificados genéticamente.
“El dictamen del CES viene a confirmar lo que llevamos denunciando durante años: la situación de los transgénicos en España es de una absoluta falta de transparencia y control, lo que provoca problemas para la agricultura y genera inseguridad alimentaria” afirmó David Sánchez, responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.
Entre otros puntos, el dictamen del CES destaca que el cultivo de transgénicos conlleva el riesgo de contaminación sobre otros cultivos, trasladando a agricultores y ganaderos a una situación de indefensión al no poder garantizar la ausencia de transgénicos, ni identificar la fuente de esta contaminación. Así mismo, solicita regular normas que incluyan aspectos sobre responsabilidad por daños ocasionados debido a las contaminaciones de los transgénicos sobre los cultivos convencionales y ecológicos, aspecto que el Gobierno eliminó de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
En esta misma línea, el Congreso de los Diputados reconoció en diciembre de 2009 la dificultad de coexistencia de la agricultura transgénica con la convencional o ecológica e instó al Gobierno a aumentar el control y el seguimiento de los transgénicos, e investigar y sancionar los casos de contaminación.
Estas instituciones recogen las preocupaciones expresadas durante años por las organizaciones ecologistas, de agricultores y consumidores sobre la grave situación creada por los transgénicos en la agricultura y la alimentación. España es el único país de la Unión Europea que cultiva maíz transgénico a gran escala, mientras que Francia, Alemania, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda o Austria vetan su cultivo. Y ante la aprobación de la patata transgénica, varios países ya han anunciado su intención de prohibirla también.
Durante el mes de abril se realizarán a nivel estatal decenas de actos de información, reivindicación y protesta contra el uso de transgénicos en agricultura y alimentación, que culminarán con una manifestación el 17 de abril en Madrid.
“El Gobierno solo tiene una opción, aplicar el principio de precaución y prohibir el cultivo de transgénicos también en España. Pese a las demandas de la sociedad, y de instituciones como el CES o el Congreso de los Diputados, mantiene su política de mirar hacia otro lado, que solo beneficia a las multinacionales en detrimento del medio ambiente y los derechos de los consumidores” añadió Sánchez.
