Este acuerdo, aprobado por 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones, establece la liberalización del comercio de todos los productos agroalimentarios, salvo los que la Unión Europea considera sensibles para el mantenimiento de la economía agrícola dentro del territorio comunitario (como el tomate, el pepino, el calabacín, la fresa, las clementinas, el ajo y el azúcar). El resto de productos no tendrán un límite de importación ni precios fijos de entrada. Para estos productos "sensibles", se aumenta también la cuota que Marruecos podrá vender a Europa, lo que preocupa a los agricultores de regiones como Canarias, Andalucía y Murcia.
Bases del acuerdo
Comparado con el anterior acuerdo con Marruecos, vigente desde enero de 2004, el nuevo texto liberalizará con efecto inmediato el 55% de los aranceles de productos agrícolas y de la pesca de Marruecos (antes era un 33%) y el 70% de los aranceles de productos agrícolas y de la pesca de la UE en un plazo de diez años (hasta ahora era un 1%).
La balanza comercial, por tanto, resultará positiva para la UE en su conjunto, aunque el tipo de productos europeos que Marruecos consume se corresponden más con los producidos en el centro y norte de Europa (cereales, leche), mientras que los productos marroquíes consumidos por los europeos (tomates, pepino, calabacín, fresas) suponen en su mayoría una fuerte competencia para los pequeños agricultores del sur de Europa.
Voces en contra
El ponente del informe, el francés José Bové (Los Verdes), así como los eurodiputados españoles y varios miembros del grupo de Izquierda Unitaria (GUE) y de Los Verdes votaron en contra del acuerdo por entender que la liberalización de estos productos supondría una competencia injusta para los productores europeos de frutas y verduras. La situación del Sahara Occidental también era tema de preocupación para un número de eurodiputados contrarios al acuerdo. Tras la votación y en protesta por la ratificación, Bové decidió retirar su nombre como ponente del informe.
Durante el debate en el pleno, los eurodiputados en contra del acuerdo denunciaron además las pésimas condiciones salariales de los agricultores marroquíes, la falta de normas fitosanitarioas o de seguridad alimentaria y el hecho de que algunas de las zonas donde se cultiva son "casi desérticas" y obligan a utilizar hasta 10 veces más de agua de lo habitual, lo que perjudica al medio ambiente.
Más controles contra el fraude
Junto con el voto de ratificación del acuerdo, el pleno ha adoptado, por 398 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones, una resolución a parte, presentada por los grupos PPE, S&D, ALDE y CRE, que denuncia numerosas quejas de fraude por parte de los productores marroquíes en el sistema de cuotas y de precios de entrada. Exigen por tanto a la Comisión mejores sistemas de control que eviten este tipo de fraudes.
La FEPEX (Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas) también se ha dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a este respecto.
COAG
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera un duro mazazo para el campo español la ratificación del nuevo acuerdo de libre de comercio con Marruecos ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria (5 euros/día frente a 50? en España), con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad", ha afirmado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.
Por este motivo, COAG recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ratificación del nuevo Acuerdo. El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria e internacional en materia de derechos fundamentales de los consumidores y ciudadanos europeos.
