Dado que los Estados miembros ya han reembolsado una parte de esos fondos, la incidencia financiera es algo menor (426 millones de euros). El reintegro debe realizarse en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC) y la Comisión debe cerciorarse de que hayan hecho un uso correcto de los fondos.
En vista de las presiones económicas a que están sometidos algunos Estados miembros como consecuencia de la crisis, la Comisión ha adoptado un Reglamento por el que los que reciben ayudas financieras pueden diferir hasta 18 meses, con determinadas condiciones, el reembolso de los gastos no aprobados, que se suma a las posibilidad que ya tenían de pedir que el reembolso se escalone a lo largo de varios años. El primero que ha pedido acogerse a este nuevo instrumento ha sido Grecia.
Correcciones financieras
Los países que deben reintegrar fondos en virtud de la decisión de la Comisión son Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Reino Unido y las principales correcciones individuales son las siguientes:
- 131,3 millones de euros reclamados a España por plantación de viñas sin poseer los correspondientes derechos de plantación o replantación.
- 104,4 millones a Grecia por carencias en los controles de las uvas pasas, plantación de viñas sin poseer los correspondientes derechos y por carecer de un sistema de control de producción y almacenamiento de azúcar.
- 98,9 millones a Italia por plantación de viñas sin poseer los correspondientes derechos de plantación o replantación.
- 62,9 millones a Francia por deficiencias en los controles de las primas por ganado vacuno.
- 13,3 millones a Polonia por su deficiente sistema de sanciones y por no haber determinado algunas buenas condiciones agrícolas y medioambientales en relación con el régimen llamado de “condicionalidad”.
Los Estados miembros son responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos correspondientes a la PAC, principalmente por medio de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles; por ejemplo, deben comprobar las solicitudes de los agricultores en relación con los pagos directos.
La Comisión realiza más de cien auditorías al año, a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y tiene la facultad de recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que dichas respuestas no bastan para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.
Para más información sobre el funcionamiento del sistema de liquidación de cuentas, se puede consultar la ficha de información sobre la gestión correcta del presupuesto agrícola (en inglés).
