Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos. Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Desde un punto de vista formal, dado que algunos de esos importes ya se han recaudado a los Estados miembros, la incidencia financiera neta de la decisión adoptada será de aproximadamente 393 millones de euros.
Principales correcciones financieras
En virtud de esta última decisión, se reclamarán fondos a 22 Estados miembros: Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Las principales correcciones son las siguientes:
- 111,7 millones de euros (incidencia financiera neta: 99,4 millones de euros) reclamados al Reino Unido (Inglaterra) por deficiencias en los sistemas de identificación de parcelas y de información geográfica (SIP-SIG), en la tramitación de las solicitudes, en los controles cruzados administrativos y en los controles sobre el terreno de la ayuda por superficie.
- 48,3 millones de euros (incidencia financiera neta: 48,1 millones de euros) reclamados a Italia por infracciones en materia de condicionalidad: control deficiente de varios requisitos legales de gestión (RLG), no definición de tres buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) e incorrecta aplicación de sanciones.
- 40,6 millones de euros reclamados a España por deficiencias en la gestión y el control de las restituciones por exportación: controles previos de ganado vacuno deficientes, insuficiencias en la ejecución de controles físicos, controles inadecuados de la producción y las existencias de azúcar, y notificación previa de los controles físicos a los exportadores.
- 34,4 millones de euros reclamados a Polonia por deficiencias en la gestión del régimen de jubilación anticipada en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
- 29 millones de euros reclamados a Francia por deficiencias en los controles sobre el terreno de las medidas agroambientales y las medidas aplicadas en zonas con desventajas naturales en el marco del FEADER.
- 17,9 millones de euros reclamados a Italia por un sistema de control muy deficiente y por el fraude en el sector de la transformación de cítricos.
- 17,7 millones de euros (incidencia financiera neta: 15,7 millones de euros) reclamados al Reino Unido (Irlanda del Norte) por deficiencias en el SIP-SIG, los controles sobre el terreno, los pagos y las sanciones en relación con la ayuda por superficie.
- 16 millones de euros reclamados a España por deficiencias en la asignación de derechos a los beneficiarios de la ayuda por superficie.
- 12,5 millones de euros reclamados a Rumanía por deficiencias en los controles de la admisibilidad y los gastos de los beneficiarios, así como por la aplicación deficiente de sanciones en el marco de la medida “Modernización de las explotaciones agrícolas” del FEADER.
Contexto
Los Estados miembros son responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos de la PAC, principalmente por medio de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles: por ejemplo, deben comprobar las declaraciones de los agricultores en relación con los pagos directos. La Comisión realiza más de cien auditorías al año a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y está facultada para recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que dichas respuestas son insuficientes para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.
