Las cuatro propuestas legislativas que integran la reforma de la PAC tratan los pagos directos a los agricultores, la organización común del mercado, el desarrollo rural y un reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agraria.
El presidente de la comisión de Agricultura del PE ha declarado que "hemos logrado el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la protección ambiental, de modo que la nueva política agraria de la UE pueda aportar más bienes públicos a los ciudadanos europeos. Pero también hemos conseguido una política menos burocrática y más justa para los agricultores, al tiempo que hemos reforzado su papel para hacer frente a las crisis. Esta será nuestra posición de cara a las negociaciones con los Estados miembros".
Distribución de las ayudas
El mandato negociador sobre los pagos directos propone flexibilizar el plazo para la "convergencia interna" de las ayudas (dentro de un Estado o en una región). Mientras que la propuesta de la Comisión defendía que a partir de 2019 todos los pagos tuviesen "un valor unitario uniforme", los eurodiputados apoyan que para entonces los pagos puedan desviarse hasta un 20% de la media. Esto es positivo para España, puesto que se respetan en mayor medida los llamados "derechos históricos", que explican las diferencias actuales en las ayudas.
Sin embargo, en los casos en que se reducen los pagos, el nivel de 2019 no podrá ser más de un 30% inferior al de 2014.
El Parlamento también propone que ningún agricultor europeo reciba menos de un 65% de ayudas de la media comunitaria. Esta "convergencia externa" beneficia a los agricultores de los países del este, puesto que el nivel de los pagos es más bajo.
Al vincular las ayudas a las hectáreas cultivadas, la propuesta de la Comisión obviaba una figura típica del campo español como es la del "ganadero sin tierras" (que no es dueño de las tierras donde pasta su ganado). La Eurocámara se ha posicionado hoy a favor de minimizar el impacto de esta medida incrementando el nivel de los pagos asociados del 10% propuesto por la CE hasta el 15%.
"Greening" más flexible
La Eurocámara apoya destinar el 30% de los sobre nacionales a pagos directos dirigidos a los agricultores que cumplan tres prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente: la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la creación de "áreas de interés ecológico" en al menos el 7% de la superficie agrícola. Sin embargo, aboga por flexibilizar y aplicar de forma más gradual estas medidas.
Los eurodiputados también proponen flexibilizar las normas, de modo que el primer año de aplicación de la nueva PAC, las explotaciones de más de 10 hectáreas estén obligadas a dedicar un 3% (y no un 7% como proponía la CE) de las tierras a "áreas de interés ecológico".
A partir de enero de 2016, estas tendrían que abarcar el 5% de las tierras cultivables y la Comisión presentaría para marzo de 2017 un estudio sobre la viabilidad de incrementar este índice hasta el 7%.
Respecto al techo de las ayudas, una mayoría de eurodiputados ha respaldado la propuesta de la CE de fijar un techo máximo de 300.000 euros al año para las ayudas directas que recibe cada explotación. Las enmiendas para reducir este límite fueron rechazadas.
Jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones
Con el fin de atraer a las personas jóvenes a la agricultura, la Eurocámara propone un 25% adicional de ayudas a los jóvenes agricultores (hasta 40 años), para un máximo de 100 hectáreas. Además, los países de la UE estarían obligados a utilizar el 2% de su sobre nacional en ayudas a los jóvenes agricultores (y no "hasta el 2%" como propuso la CE).
Los Estados miembros también decidirían si desean establecer un mecanismo de apoyo a los pequeños agricultores, que podría alcanzar hasta el 15% del sobre nacional (frente al 10% que sugirió la CE). En caso afirmativo, los agricultores que reciban menos de 1.500 euros en ayudas directas serían incluidos automáticamente en este régimen. La propuesta de la CE decía que los pequeños agricultores tendrían que solicitar su inclusión en el mecanismo.
WWF y SEO/BirdLife
Para WWF y SEO/BirdLife, los resultados suponen una contención de daños, pero no han incluido las mejoras necesarias para garantizar la sostenibilidad ambiental de la futura PAC.
Entre los aspectos positivos, celebran el rechazo a la propuesta de la doble financiación, que hubiese anulado de facto los potenciales beneficios ambientales de los nuevos pagos “verdes” directos. Igualmente, han dicho no a las numerosas equivalencias y asignaciones automáticas de estos pagos a prácticas ya existentes de cuestionable valor ambiental.
En cuanto a la condicionalidad, se ha incluido la Directiva sobre Usos Sostenible de Pesticidas y se ha evitado que se eliminasen algunas prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente.
Pasos hacia atrás
También ha habido resultados negativos. Por un lado, han respaldado el debilitamiento de la condicionalidad, mediante la eliminación de diversos requisitos y normas actualmente incluidos, y han rechazado incluir la Directiva Marco del Agua, a pesar de ser una cuestión fundamental para el futuro a largo plazo de la propia agricultura.
Además, han rechazado el apoyo explícito propuesto en la Comisión de Agricultura para los sistemas agrarios de mayor valor natural, como los conformados gracias a la ganadería extensiva, y la producción ecológica, un aspecto clave para España.
WWF y SEO/BirdLife piden a los Ministros que asuman la responsabilidad de acordar un uso apropiado para los 15.000 millones de euros que ya se ha aprobado asignar a estos pagos, con medidas con un alcance territorial y un valor ambiental al nivel de ese gasto. Además, el Ministerio de Agricultura debería a su vez posicionarse en contra de los dobles pagos, en un ejercicio de coherencia y responsabilidad en el uso del dinero público.
