Ley de mejora de la cadena alimentaria

El MAGRAMA afirma que el Gobierno de España ha trabajado a favor de una cadena de valor más sostenible y equilibrada

Detalla que la ley se basa en un modelo mixto en el que coexiste un sistema público que regula las relaciones comerciales junto a un sistema privado de autorregulación

Destaca el Código de Buenas Prácticas Mercantiles, que permite ampliar, de manera voluntaria, los compromisos que asumen los operadores

Anima al Parlamento Europeo a avanzar en el desarrollo de normas comunes que refuercen el buen funcionamiento del mercado interior

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado que la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria “es una buena ley, que va a contribuir a un desarrollo más equilibrado del sector agroalimentario de mi país”. 

Isabel García Tejerina ha explicado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, en Bruselas, la experiencia española en la implementación de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, donde ha ofrecido la máxima colaboración con este Parlamento en todas aquellas tareas en las que la experiencia española pueda resultar de utilidad.

En su intervención, García Tejerina ha puesto en valor los diferentes trabajos y documentos elaborados por las instituciones europeas para evitar los efectos de las prácticas desleales sobre la cadena de suministro alimentario. A este respecto, la ministra ha señalado que, entre los diferentes agentes y las autoridades nacionales en materia de competencia, existe una amplia coincidencia en el diagnóstico de la situación.

En este contexto, la ministra ha señalado que las prácticas comerciales desleales aparecen como consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena, y que las pequeñas empresas y los productores agrarios “están especialmente expuestos a la acción de estas prácticas desleales”. 

Además, García Tejerina ha asegurado que el mayor grado de integración y concentración incrementan las diferencias en el poder de negociación, lo que está aumentando la fragilidad de los operadores agrarios y, en menor medida, de los fabricantes. También entiende que el impacto negativo de las prácticas desleales sobre las inversiones y la innovación de las empresas pueden llegar a influir desfavorablemente en el conjunto de la economía comunitaria.

En definitiva, “las prácticas desleales constituyen un obstáculo para el desarrollo y el funcionamiento del mercado interior y distorsionan los mecanismos del mercado”, ha afirmado. 

Ante esta situación, García Tejerina ha expuesto los principales aspectos del modelo “que ya está operativo en España y empezando a dar sus resultados”. Según ha comentado, el Gobierno de España ha sido “especialmente sensible” ante la situación de los agricultores y ganaderos, por el desequilibrio en su poder de negociación, por la falta de transparencia en la formación de precios o por la realización de prácticas comerciales desleales.

Por ello, ha añadido, el Gobierno “ha trabajado a favor de una cadena de valor más sostenible y equilibrada”, para lo que ha elaborado la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, publicada el 2 de agosto de 2013, que ha contado con un amplio consenso. 

García Tejerina ha recalcado que, mediante esta ley, se busca aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario, reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, y lograr un marco de competencia justa que redunde en beneficio no sólo de los operadores del sector, sino también de los consumidores.  

Para la ministra, esta ley ha supuesto un avance en la mejora de las relaciones entre los operadores de la cadena alimentaria “que no tiene precedentes en España y, creo no equivocarme, tampoco en otros países de la Unión”, ha recalcado. 

Según ha detallado, la ley se basa en un modelo mixto en el que coexiste un sistema público que regula las relaciones comerciales, junto a un sistema privado de autorregulación, complementados con un sistema de seguimiento y vigilancia.

Así, la ley establece la obligatoriedad de que los contratos de compraventa se formalicen por escrito, en caso de que uno de los operadores sea un productor agrario o esté en una situación de debilidad ante la otra parte. 

De esta forma, ha reiterado la ministra, se impide la venta del producto sin precio conocido y se refuerzan las garantías del cumplimiento de los plazos de cobro. 

De igual forma, ha añadido, se prohíben prácticas consideradas abusivas, como las modificaciones unilaterales de los contratos, la exigencia de pagos comerciales no previstos o la exigencia de suministro de información comercial sensible.

Además de definir las prácticas desleales, García Tejerina ha expresado la necesidad de contar con un régimen sancionador y un organismo encargado de controlar el cumplimiento de dichas prácticas y de aplicar dicho régimen sancionador: la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

La ministra está convencida de que los productores y operadores encuentran en AICA “un firme aliado en la defensa de la legalidad, como ya se está demostrando durante el tiempo que lleva funcionando”. 

En concreto, García Tejerina ha puntualizado que AICA ha sido “un pilar de especial importancia” para el éxito de las medidas que promovidos desde el Ministerio tras los problemas en el mercado español de frutas y hortalizas, que se originaron a consecuencia del veto ruso.

En el ámbito del sector lácteo, García Tejerina ha subrayado cómo la ley de la cadena alimentaria ha sido el complemento necesario a la normativa comunitaria sobre relaciones contractuales recogida en el reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios.  De esta forma, se ha conseguido reforzar la aplicación de los contratos, así como el cumplimiento de las previsiones establecidas en la normativa comunitaria, “en beneficio de la parte más débil de la cadena, los ganaderos”. 

En cuando a los resultados, la ministra ha indicado que, en el año y medio que AICA lleva funcionando, se han inspeccionado de oficio un total de 663 empresas, en las que se han controlado 3.000 operaciones comerciales. También se han recibido 91 denuncias por incumplimientos de la ley de la cadena. Como resultado de todo ello, se han incoado 141 expedientes sancionadores.

Por otro lado, García Tejerina se ha referido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles, que permite ampliar, de manera voluntaria, los compromisos que asumen los operadores para conseguir una mejora en el clima de confianza en el desarrollo de las relaciones comerciales. 

Según ha destacado, tras dos años de trabajo, se ha logrado acordar, muy recientemente, con las asociaciones representativas de los agricultores, las cooperativas, las industrias y la distribución alimentaria, este código de buenas prácticas, que incluya una amplia relación de los compromisos a los que se adhieren las empresas y asociaciones.

En este ámbito, García Tejerina ha destacado el “potente sistema” que incorpora el código de buenas prácticas para la resolución de conflictos, destinado a dar una respuesta rápida a las posibles discrepancias que puedan ocasionarse por el incumplimiento de los compromisos asumidos. 

Para la ministra, la puesta en marcha de los sistemas de resolución de conflictos “supone nuevas oportunidades para mejorar las relaciones comerciales”, tal como sucederá con el inicio de la actividad de la figura del Mediador, que podrá intervenir cuando no hubiera acuerdo entre productores y compradores en la determinación del precio en el contrato.

Para mantener su vigencia en el tiempo, García Tejerina ha explicado que el modelo se completa con un sistema de seguimiento y vigilancia del conjunto del sector agroalimentario, mediante el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Gracias a su trabajo, ha añadido la ministra, “podemos evaluar los resultados de la aplicación de la ley, identificar los problemas que persisten y la aparición de otros nuevos, y conocer cómo evoluciona la calidad de las relaciones comerciales. 

García Tejerina sostiene que la aplicación de ley de la cadena alimentaria “requerirá esfuerzo y tiempo”, pero se ha mostrado convencida de que “vamos por el buen camino y que lograremos los objetivos que nos hemos trazado”. Para la ministra, la clave de su éxito radica en que se ha hecho una ley de todos y para todos.

Por último, García Tejerina ha animado al Parlamento Europeo a avanzar en el desarrollo de normas comunes que refuercen el buen funcionamiento del mercado interior y potencie las capacidades de los agricultores e industrias alimentarias para innovar y ampliar sus actividades.