Además, recordó que esta fórmula beneficiará a los mariscadores de las 15 cofradías gallegas que trabajan en zona catalogada como C y generará alrededor de 6 millones de euros en las lonjas y mariscadores gallegos.
La consejera aseguró que la nueva fórmula, que cumple con todos los requisitos que exige la Unión Europea, no posee ni provocará efectos perniciosos en el entorno marino. Además no supondrá coste ninguno, ni para las cofradías ni para los mariscadores "porque la Consejería se ocupará de recoger el marisco de las zonas C en las lonjas, de llevarlo a la zona de reinstalación y de devolverlo apto para el consumo". Asimismo ayudará a combatir el marisqueo ilegal "dado que cuando la gente va a trabajar, no van los furtivos".
El departamento que dirige Rosa Quintana continúa trabajando en este plan en la busca de una ubicación idónea para esta batea de reinstalación. En su apuesta por el diálogo, Rosa Quintana decidió crear una mesa de trabajo "para que todos los agentes relacionados con el plan de reinstalación puedan exponer sus propuestas y alegaciones y debatirlas".
Plan de lucha contra el furtivismo
Por otro lado, la consejera valoró positivamente el plan de lucha contra el furtivismo por las cifras de incautaciones y decomisos -estos últimos aumentaron en un 115% en toda Galicia- y sobre todo por el número y eficacia de las inspecciones realizadas. Quintana destacó el esfuerzo realizado en el desarrollo de inspecciones en la cadena de comercialización donde se desarrollaron, en los 7 primeros meses de 2011, 400 intervenciones más que en el mismo período de 2010.
"Este incremento de decomisos e incautaciones se debe a un aumento del número y eficacia de las inspecciones", dijo. Así, el servicio de Guardacostas desarrolló entre enero y julio casi 9.500 inspecciones, 500 más que en el mismo período de 2010. La consejera aseguró que seguirá trabajando "para mejorar la eficacia y eficiencia de los medios de los que disponemos especialmente en este momento de crisis, donde el furtivismo se agudiza". De hecho, en las áreas donde el marisqueo ilegal se acentúa, se siguen desarrollando operativos especiales, por su mayor eficacia. En los siete primeros meses se realizaron 70 actuaciones de este tipo, 25 más que el año pasado.
Quintana recordó que el furtivismo es un problema económico, social, sanitario y ambiental, que existe "porque hay quien compra a los furtivos". La consejera aprovechó la intervención para pedir, una vez más a los ciudadanos, "que consuman los productos del mar extraídos y comercializados exclusivamente de manera legal".
