Tras la noticia de la intención de la Comunidad de Madrid de dejar construir en suelo protegido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mariño ha explicado que esta ley regula las viviendas rurales sostenibles "que nada tienen que ver con las urbanizaciones tradicionales". "Requieren otro tipo de calificación y otro tipo de autorizaciones y no requieren las actuaciones urbanizadoras que habitualmente estamos acostumbrados a tener cuando se trata de construir edificaciones para viviendas", ha señalado.
En su opinión, va a contribuir a dinamizar las zonas rurales, no va a suponer ningún incremento de la burocracia y ni ningún coste adicional para las administraciones, y tiene como objetivo "garantizar la elección a los madrileños que quieran vivir en contacto con la naturaleza y facilitar a quienes lo deseen que puedan enraizarse en los municipios de la región disminuyendo el éxodo rural".
Además, buscan dar valor a las fincas rústicas en desuso y consolidar el papel de los ciudadanos en la conservación del medio ambiente. "El contacto con la naturaleza convierte al individuo en un agente activo de su cuidado. Esta persona que por decisión propia opta por vivir en el campo es siempre el principal interesado en cuidarlo y protegerlo", ha apostillado.
Otro de los objetivos es acercar la normativa de la Comunidad de Madrid a la de otras comunidades que sí permiten este tipo de viviendas. En el caso de las viviendas rurales ya existentes en la región pero que están de manera ilegal, podrán formalizar su situación abriendo un expediente de legalización "siempre que se cumpla con las condiciones que vienen reflejadas en la Ley del Suelo", ha añadido.
El contenido de la ley es un "texto corto" y recoge extremos como el nuevo uso para viviendas rurales sostenibles podrá implantarse en todo suelo no sujeto a protección sectorial y solo estará permitida su implantación en este suelo cuando su régimen jurídico autorice el uso residencial, ha señalado Mariño.
Altura de 3,5 metros
Además, ha indicado que la ley tiene carácter especial y prevalecerá sobre cualquier normativa o planeamiento que incida sobre el mismo ámbito material; solo podrá construirse una vivienda unifamiliar aislada en cada unidad de terreno y las infraestructuras, las vías de acceso, las instalaciones corren a cargo del propietario.
Se exigirá la adaptación arquitectónica y estética al paisaje, se establece una superficie mínima para las parcelas de 6 hectáreas y una distancia mínima con cualquier otra construcción de 250 metros. La altura máxima será de 3,5 metros y la ocupación de la unidad de la parcela estará limitada al 1,5 sin límite en cuanto al tamaño de la vivienda.
Asimismo, se establece un único procedimiento para la implantación del uso que consiste en la tramitación de licencia de obras en los términos que establece la ley y que aprobará y concederá el ayuntamiento; y se prevé la imprescriptibilidad de las infracciones administrativas por incumplimiento de lo expuesto en esta ley.
"Creemos que con esta normativa cumplimos con una necesidad que detectábamos en los últimos años en la Comunidad de Madrid y es que hay muchos madrileños que quieren vivir en el campo y otros que aun viviendo en núcleos rurales no podían hacer efectiva el uso de fincas rústicas adquiridas por compra o herencia", ha considerado.
Asimismo, Mariño está convencida que con la nueva normativa salvaguardan "de forma más efectiva" el medio ambiente y el cuidado de campo, "que muchas veces está absolutamente sin cuidar" y de esta manera podrán "mejorar esa posibilidad que tienen los ciudadanos de vivir en el campo y que no se produzca ese éxodo rural de los últimos tiempos".
El Consejo de Gobierno ha introducido una serie de modificaciones en el texto de la Consejería y el borrador será enviado ahora a los colectivos sociales e instituciones públicas para profundizar en los extremos que recoge. Además, tendrá que ser circulada por todas las consejerías madrileñas y contar con el informe de los servicios jurídicos.
