Un consejo informal de agricultura se reúne estos días en Francia para debatir sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) después de 2013. Según WWF/Adena, SEO/BirdLife y la asociación Vida Sana, se debería avanzar hacia una política rural, basada en pagos por servicios a la sociedad, antes que reforzar el actual modelo productivista cuyos impactos sociales y ambientales ya son evidentes.
Aunque se trata de un encuentro informal promovido por la presidencia francesa del Consejo Europeo, las conclusiones de esta reunión de ministros de agricultura de la UE pueden marcar el camino que tomará la principal política de la Unión Europea hasta el momento.
En un país como España, donde la agricultura está condicionada por las limitaciones de agua y unos suelos pobres, amenazados por la desertificación, lejos de intentar exprimir toda su capacidad en los próximos años, debe garantizarse la conservación de los recursos naturales insustituibles sobre los que se basa la producción agraria. De igual modo, estas y otras limitaciones han originado a lo largo de los siglos unos sistemas agrarios extensivos, como los mosaicos cerealistas, las dehesas o los prados de alta montaña, que albergan la mayor parte de la biodiversidad del país y de Europa, algo fundamental, además, para conservar alternativas de adaptación a las consecuencias del cambio climático.
Este modelo de agricultura sostenible, tecnológicamente mejorado, es el que debería apoyarse desde las administraciones, debiendo ser las prioridades de los estados miembros el fomento del uso sostenible del agua en regadío, el apoyo a los sistemas agrarios de mayor valor natural y el refuerzo de los esquemas de ayudas agroambientales dirigidas a favorecer la biodiversidad y a reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas. SEO/BirdLife, WWF/Adena y Vida Sana abogan por una nueva política europea agraria y rural con una visión global, encaminada a la gestión sostenible del territorio, donde el apoyo económico público esté supeditado al cumplimiento de criterios ambientales mínimos y claramente orientado a aquellos que más contribuyen a la producción de bienes públicos para el conjunto de la sociedad, y no dirigido al interés económico de los miembros más fuertes de un único sector.
Para alcanzar este modelo es básico empezar a tomar las primeras decisiones en el llamado “chequeo médico” de la PAC. Se considera clave que los estados miembros, y en particular España, apoyen gran parte de las propuestas presentadas por la Comisión Europea. Esto incluye promover una mayor transferencia de fondos desde el primer pilar (ayudas directas y de mercado) hacia las medidas de desarrollo rural; reforzar la condicionalidad – buenas prácticas agrarias y legislación que deben cumplir los perceptores de ayudas directas- exigiendo el uso legal del agua y prácticas encaminadas a proteger la biodiversidad; pasar de un modelo histórico de pagos a otro regionalizado, con una distribución más equitativa de las ayudas; y, por último, emplear los fondos obtenidos con la aplicación del llamado artículo 68 para proteger la actividad en aquellas explotaciones de alto valor ambiental en grave riesgo de abandono, como las estepas cerealistas de secano o la ganadería extensiva de ovino y caprino.
Por último, dada la importancia económica, social y ambiental de la agricultura en España, el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debería promover un debate abierto a toda la sociedad española sobre el futuro modelo de política agraria que queremos para nuestro país.
