En rueda de prensa, el ministro se ha referido a las modificaciones con carácter de urgencia aprobadas en el pasado Consejo de Ministros en un Real Decreto Ley y que establece la posibilidad de permitir la cesión de agua a terceros en determinadas circunstancias dentro del Plan del Alto Guadiana.
Arias Cañete ha señalado que la zona del Alto Guadiana tiene una zona "muy concreta" con un problema de pozos ilegales y volúmenes de agua que había que solucionar y que el Plan especial para esta zona establecía unos cumplimientos respecto a derechos de agua que había que comprar y adquirir.
De este modo, ha defendido que la nueva medida establece que con cada cesión se reduce el consumo del agua y que el comprador final, "el gran financiador" es el Gobierno. "Aquí especulaciones no va a haber porque el Gobierno no las va a consentir", ha subrayado.
Además, ha añadido que esta medida permitirá cumplir con los objetivos del Plan del Alto Guadiana y que la medida se limita a un espacio temporal y geográfico concretos. Por eso ha criticado a quienes hablan de "burbujas hidráulicas y especulación del mundo mundial" y ha agregado que no considera que la medida pueda derivar en especulaciones porque la zona está acotada.
"No es así. Esta es una medida excepcional para facilitar el cumplimiento después de analizar con la comunidad autónoma la situación de ejecución del Plan del Alto Guadiana, es decir, la inejecución de los objetivos y el retraso que llevaba el plan", ha apostillado.
En este contexto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha destacado que la medida urgente servirá para "reducir la tentación de los pozos ilegales", al tiempo que ha reiterado que el régimen concesional "es más estricto y permite un mayor control a la administración".
En cuanto a la decisión de utilizar el mecanismo de Real Decreto Ley para cuatro importantes modificaciones de carácter medioambiental, el ministro de Medio Ambiente ha anunciado que pedirá la tramitación de este RD como Proyecto de Ley en el Parlamento para que "todo el mundo pueda hacer enmiendas y tenga la posibilidad de ser debatido con tranquilidad".
A este respecto ha dicho que su departamento no tiene "ningún obstáculo" a que se tramite como proyecto de Ley y que los grupos puedan hacer sus enmiendas y los grupos de interés ofrecer su información a todos los parlamentarios. "Tendremos ocasión de discutir con sosiego el tema", ha prometido, pero de momento estimaba "importante" solucionar urgentemente algunos "problemas enquistados" que estaban generando un aumento de costes en un momento de situación económica "muy delicada".
Asimismo, ha precisado que entre las medidas urgentes había que tomar "con enorme rapidez" la protección de las competencias de la policía de aguas, el tema del Alto Guadiana y la inseguridad jurídica generada por la posibilidad de implantar un nuevo sistema de recogida de residuos "mucho más costoso".
A su juicio "cualquier cosa" que se pueda hacer para simplificar y hacer cumplir la normativa medioambiental con "más eficacia y menor burocracia", justifica el procedimiento de urgencia. Finalmente, ha adelantado que estas medidas simplifican las obligaciones sin mermar las garantías medioambientales y ha anunciado que se hará "mucha" legislación y armonización, "pero con más sosiego".
