La consejera de Fomento y presidenta de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han mantenido una reunión de trabajo en la sede de la Consejería de Fomento en Toledo para fijar posturas relativas al agua en los distintos frentes abiertos que han quedado en la región en las siete cuencas hidrográficas que atraviesan Castilla-La Mancha.
Durante la reunión, a la que han asistido también el director gerente de la Agencia del Agua, Antonio Luengo; el director general de Desarrollo Rural, Nicasio Peláez, y a la que ha sido invitado el secretario general del sindicato Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, se ha analizado cuenca por cuenca la mejor manera de defender los intereses de los agricultores de la región en los órganos representativos del agua.
A pesar de que en las semanas precedentes tanto los consejeros como los directores generales han sostenido diversas reuniones en las provincias de la región con colectivos implicados en el uso del agua como elemento de desarrollo y dinamización de la economía castellano-manchega, “era momento de sentarnos a intercambiar las experiencias de cada Consejería a fin de disponer de un retrato más pormenorizado de la situación”, ha dicho Elena de la Cruz, destacando que en próximas fechas se van a dirimir cuestiones de gran importancia en las distintas cuencas que atraviesan la región.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que “el futuro del sector agrario en Castilla-La Mancha pasa por el acceso al agua” y ha insistido en que la apuesta del Gobierno regional es “con los agricultores profesionales, que son los que viven realmente del campo y a los que no se les puede condenar, eternamente, a cultivos de secano”.
En la mesa se ha puesto de relieve que los distintos planes de cuenca van a condicionar la próxima década en distintos ámbitos de actividad, aunque con especial énfasis en el agrícola, con un punto de partida que ambos consejeros consideran “muy preocupante” en relación a los planes de la mayoría de los ríos y muy especialmente en los ámbitos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana.
Según los datos que ha aportado Julián Morcillo durante el encuentro, Castilla-La Mancha dispone de un 12% de superficie regable útil, 6 puntos por debajo de la media española y a gran distancia de comunidades autónomas limítrofes como la valenciana (40%) y la murciana (32%). Morcillo considera que la región tiene un alto potencial de crecimiento en este sentido que no se recoge en los planes de cuenca.
El secretario general de la UPA espera un esfuerzo del nuevo ejecutivo regional para que Castilla-La Mancha pueda explotar adecuadamente sus recursos hídricos para uso agrícola, ya que en la actualidad, los aprovechamientos según sus cálculos no exceden el 33% de su potencial.
El Gobierno de Castilla-La Mancha tomará en las próximas semanas decisiones en los ámbitos técnico y jurídico sobre los distintos planes de cuenca. Por esa razón, ambos consejeros y los directores generales con competencias en materia de agua han celebrado durante todo el verano reuniones con varias organizaciones, desde los regantes de la Mancha Oriental de Albacete hasta el Alto Guadiana y con sindicatos representativos como ASAJA y la propia UPA. Estos contactos se prolongarán durante los próximos días a fin de recabar el mayor número de aportaciones posible antes de la reunión del Gobierno regional con la ministra de Agricultura, fijada para el próximo 7 de octubre en Madrid y en cuyo orden del día no sólo figura el trasvase Tajo-Segura, sino una amplia gama de temas hidráulicos que afectan a toda la geografía regional.
Las primeras impresiones que el sector agrícola ha transmitido al Gobierno regional a través de ambas consejerías sobre los distintos planes de cuenca dibujan un panorama en absoluto favorable para Castilla-La Mancha. En las cuatro principales cuencas se han detectado modificaciones en los aprovechamientos, tanto en superficie como subterráneos, que podrían resultar sumamente perjudiciales para la región. Elena de la Cruz ha aclarado que a pesar de ser una competencia del Estado, “el Gobierno regional va a luchar por el agua en todos los órganos de decisión en los que podamos expresarnos, tanto para el abastecimiento humano como para usos agrícolas, industriales, turísticos o por razones medioambientales”, ha concluido.
