El Club Doñana, formado por ex miembros del Patronato del Parque de Doñana, presentará una queja formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo contra el reciente traspaso de las competencias de gestión del río Guadalquivir del Estado a Andalucía por «vulneración de la Directiva Marco del Agua».
El abogado y portavoz del Club Doñana, Jesús Vozmediano, explicó que una vez que se formalice el traspaso de la gestión del Guadalquivir a Andalucía, la entidad presentará un escrito de queja ante la UE por vulneración de la Directiva Marco.
En este sentido, recordó que esta directiva europea, una ley de «máxima importancia», establece «nítidamente que hay que preservar y gestionar las cuencas de los ríos de forma conjunta», algo que «evidentemente se ha incumplido con la transferencia de la gestión del 90 por ciento de los recursos del Guadalquivir a Andalucía y que demuestra de forma clara el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Extremadura ante el Tribunal Constitucional».
«La unidad de la cuenca está rota desde el momento en que se transfiere el 90 por ciento y no el cien por cien, es muy simple», criticó el abogado, quien advirtió que «todavía no se han analizado las repercusiones de este traspaso en la totalidad de la cuenca, es decir, en todos los ríos que desembocan en el Guadalquivir».
Asimismo, auguró que la transferencia de las competencias del Guadalquivir a Andalucía «va a terminar en un conflicto entre comunidades, pues nos podemos encontrar con la sorpresa de una sentencia adversa del Tribunal Constitucional, por un lado, y de la UE, por otra».
Además, el abogado criticó la «ironía» de que la Junta asuma las competencias de las aguas del Guadalquivir que discurren por la comunidad «cuando lleva siete meses sin resolver el problema de la salinidad y la turbidez grave que afectan al río», por lo que consideró que esta transferencia «le viene grande».
SANCIONES, AL ESTADO
Por otro lado, Vozmediano consideró que el Gobierno central se encontrará ante un «gran problema» a la hora de resolver las sanciones que puedan imponerse por indebida gestión de los recursos del Guadalquivir, ya que, según recordó, cuando la UE sanciona, «sanciona al Estado, no a las comunidades autónomas».
«Así, las cosas van a ser muy cómodas para las regiones, pues éstas asumen las competencias y reciben los fondos económicos y el Estado paga las sanciones», apuntó. De ahí la «urgencia», según el jurista, de que el Estado articule una guía jurídica de forma que cada vez que se sancione al Estado por una competencia transferida, sea la comunidad autónoma la que lo pague».
En esta línea, Vozmediano lamentó que, en lo que a gestión hídrica se refiere, España «está caminando hacia atrás, de manera contraria a la filosofía que se marca a nivel internacional», ya que el espíritu de los convenios y organismos internacionales como la UE o la ONU, dados los problemas de Cambio Climático, «habla cada vez más de la necesidad de gestionar los grandes ecosistemas desde una visión global, es decir, que los ríos de España deberían de ser gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino».
