Así lo ha confirmado a Europa Press el representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, que también ha confirmado la presentación de denuncias ante la Fiscalía y la Guardia Civil en los mismos extremos.
"Es un tema antiguo, ya el plan operativo de Doñana de 1993 tenía como prioridad dar un saneamiento de calidad a las aguas de las cuencas vertientes a Doñana", ha recordado Romero, que ha lamentado que estas infraestructuras no estén listas pese a que debían estar operativas ya en 2004, dado que las administraciones "se tiran la pelota unas a otras".
Así, el representante de Ecologistas en Acción ha recordado que Europa exigía montar un sistema de depuración con tratamientos compatibles. Por otro lado, Romero ya avisó en el pasado Consejo de Participación de julio de que "si no eran capaces de solucionar el problema con carácter inmediato, éste se judicializaría", advertencia que se ha materializado -también por parte del colectivo WWF- tras los últimos vertidos con peticiones de investigación sobre la posible dejación de funciones por el "mal uso" de estos fondos, sin que se haya solucionado "uno de los problemas más graves de Doñana".
Esta semana, el secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Moreno, y la organización ecologista WWF han mantenido un encuentro en el que se ha tratado, entre otros aspectos, la situación resultante del vertido. Según ha confirmado a Europa Press el responsable de la Oficina de WWF para Doñana, Juan José Carmona, tanto la administración autonómica como la organización ecologista han comenzado a tramitar acciones con el Estado al objeto de "acelerar" la finalización de las obras de construcción de las depuradoras de Almonte y Bollullos par del Condado, las cuales fueron transferidas al Estado en el año 2011 cuando se encontraban a más del 95% de su ejecución.
En concreto, la Junta habría iniciado conversaciones "al máximo nivel" con la administración central, mientras que WWF va a reclamar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que acometa un plan con fechas específicas y "realistas" de cuándo van a acabar estos trabajos.
La versión del estado
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por su parte, criticó recientemente que la administración regional "ocultó" la deuda contraída con el contratista de las obras, considerando que el retraso en la puesta en marcha de estas depuradoras es "un ejemplo de la nefasta gestión" de la Junta durante los tres años en los que asumió las competencias sobre la gestión del río.
Una vez devueltas al Estado las competencias, el Ministerio se vio "sorprendido" por el elevado número de obras y proyectos sin concluir y en los que ahora trabaja para recuperar este tiempo perdido. En concreto, según sus datos, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se han contabilizado 159 expedientes con información sesgada y de los que se ocultan deudas contraídas con los contratistas, según subrayó el Ministerio en una nota.
Así, en las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado, el Ministerio ha tenido que recabar datos sobre las obras directamente al contratista, ya que la información facilitada por la Junta estaba "incompleta". Como resultado de este trabajo, la administración "rechaza" asumir el pago de dos millones de euros que se deben, correspondientes a un modificado que la empresa sí ha ejecutado. La administración central mantiene que la citada deuda es la que ha paralizado completamente la conclusión de estas obras.
