Según los ecologistas, la liberación de truchas supone un despilfarro inaceptable que daña gravemente los ecosistemas fluviales y contravienen el ordenamiento jurídico. A pesar de las recomendaciones de científicos y universidades, compromisos de convenios internacionales, y leyes que prohíben las sueltas de peces exóticos a los ríos, en la Comunidad de Madrid la Administración Regional continúa autorizando la suelta de grandes cantidades de truchas de procedencia comercial.
Esta práctica se lleva a cabo a pesar de que las especies exóticas se consideran la segunda causa de degradación mundial de la biodiversidad, tras la destrucción del hábitat. Asimismo, estas falsas “repoblaciones” incumplen el Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio de Berna de 1979 relativo a la Conservación de la Vida Silvestre en Europa, la Directiva de Hábitats, y la Directiva Marco del Agua de la UE, la Ley de Impacto Ambiental y la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, además de encontrarse tipificadas en el art. 333 del Código Penal.
La liberación de truchas ajenas a los cauces madrileños provoca graves problemas, entre otros, competencia sobre el territorio, hibridación con las especies autóctonas, alteraciones en la cadena trófica, riesgos sanitarios. En Madrid se justifica en los convenios de “colaboración” que la Administración Regional mantiene con entidades privadas de pesca. Esta colaboración se limita a la suelta de peces exóticos y a la expedición de permisos de pesca intensiva que, por definición, es insostenible en el medio natural. Los contenidos de estos convenios no son de conocimiento público, y se emplean para sostener una red clientelar y una gestión de pesca insostenible, anacrónica y muy perjudicial para la salud de los ríos y las especies de peces autóctonos. Además, suponen un derroche para los contribuyentes y absorbe la práctica totalidad de los recursos destinados a la fauna y los ecosistemas fluviales. En la campaña 2009-2011 se licitaron dos contratos por importe de 470.059 €, para soltar 100.800 Kg. de truchas ajenas a los cauces y de procedencia comercial.
Colectivos de pescadores y asociaciones conservacionistas llevan años denunciando estas prácticas y solicitando a la Comunidad de Madrid una gestión de los ríos y de la pesca que se apoye en criterios científicos, en objetivos de conservación y en el respeto de la legislación y los compromisos internacionales firmados por España. Las ONG recuerdan que los cotos intensivos fueron creados ilegalmente en los años setenta con el fin de subvencionar a las piscifactorías más ruinosas sin el amparo de la Ley de Pesca de 1942, vigente aún en la Comunidad de Madrid.
