Los servicios de inspección pesquera están procediendo a examinar numerosa documentación física y electrónica, que continuará siendo analizada en los próximos días
Se trata de un operativo sin precedentes en la UE que, amparado en la reciente reforma de la Ley de Pesca Marítima, sitúa a España al frente de la lucha contra la pesca ilegal a nivel internacional
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está procediendo a inspeccionar las sedes de varias empresas, por su presunta vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA).
La operación bautizada como “SPARROW”, todavía en curso, se está desarrollando en empresas situadas en la provincia de A Coruña, tras meses de investigación reforzada con la cooperación internacional. Los servicios de inspección pesquera están procediendo a examinar numerosa documentación física y electrónica, que continuará siendo analizada en los próximos días.
La operación “SPARROW”, que cuenta con el despliegue de unidades de inspección pesquera de varias provincias, podría conllevar la apertura de diferentes procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima. Esta actuación viene a sumarse a los importantes logros alcanzados por el Ministerio en materia de lucha contra la pesca ilegal desde enero de 2012, que hacen de España el país de referencia mundial en la materia.
Tras la imposición, en los meses de febrero y octubre de 2014, de sanciones a tripulantes españoles enrolados en buques incluidos en la lista negra de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA), por sus actividades de pesca ilegal en la Antártida, esta operación del Ministerio se desarrolla ante los indicios de presuntos vínculos de varias empresas españolas con buques incluidos en la citada lista negra.
Los servicios de inspección pesquera vienen desarrollando complejas investigaciones, en estrecha colaboración con países aliados en la lucha contra la pesca ilegal, como Nueva Zelanda, así como con el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Europea, la CCRVMA o INTERPOL, con el objetivo de recopilar evidencias que acrediten los presuntos vínculos anteriormente citados.
ESPAÑA LIDER EN PREVENCIÓN DE PESCA ILEGAL
España lidera en la Unión Europea la aplicación del Reglamento del Consejo 1005/2008 para prevenir y evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), el cual prohíbe a los nacionales comunitarios su vinculación con buques incluidos en listas de pesca ilegal.
En esta línea, la reforma de la Ley de Pesca Marítima recientemente aprobada, tipifica como infracción muy grave “la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas, o buques de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales, por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros…”.
Las infracciones muy graves pueden sancionarse con multas de hasta 600.000 euros, así como con inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente valora muy positivamente las nuevas herramientas jurídicas que ha introducido la reforma de la Ley de Pesca Marítima, e insiste en su llamamiento a otros Estados miembros de la Unión Europea, para que adopten instrumentos similares y no permitan la existencia de espacios de impunidad en la persecución de la pesca ilegal.
Tal y como ha reiterado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la lucha contra esta lacra debe ser un objetivo común en el que todos deben asumir responsabilidades, defendiendo a los operadores legales frente a aquellos que no sólo compiten deslealmente, sino que ponen en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros, ya que no se puede aceptar ni asumir la existencia de pabellones o puertos de conveniencia.
