En la carta, las ONG denuncian las formas empleadas para esta modificación, ya que fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto por vía de extrema urgencia a través de un Real Decreto-ley. Estas organizaciones cuestionan su urgencia y constitucionalidad, y llaman la atención sobre el riesgo que supone que las comunidades autónomas no actúen con determinación y objetividad en la protección del Dominio Público Hidráulico. Ante la convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso el pasado 15 de septiembre, las ONG pedirán a la Defensora del Pueblo que recurra la modificación ante el Tribunal Constitucional.
Estas ONG consideran que, en lugar de hacer cambios parciales y precipitados, el Gobierno debería haber planteado una reforma profunda de la administración hidráulica. Esta petición se basa en que las estructuras y organizaciones actuales no se corresponden con los retos modernos de la gestión del agua, como es cumplir en forma y plazo los requerimientos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Además, recuerdan que esta reforma hay que llevarla a cabo con serenidad y transparencia, con el máximo respeto hacia la sociedad civil, los usuarios del agua y la unidad de cuenca.
Según los grupos ecologistas, esta última legislatura ha sido nefasta en política de aguas, con numerosas y flagrantes infracciones de la normativa estatal y comunitaria en todo el país. Por ello, piden para la próxima legislatura que el Gobierno y las Comunidades Autónomas recuperen el tiempo perdido en los últimos años y den un salto cualitativo en la protección y buena gestión de los acuíferos, ecosistemas fluviales, humedales y aguas costeras, tal y como establece la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua – creando, además, instituciones capaces de garantizarlo.
