La demanda civil interpuesta por España contra la empresa clasificadora del Prestige, American Bureau of Shipping (ABS), en Estados Unidos podría dilatarse «casi otros cinco años», período de tiempo equivalente al que lleva en curso, según indicaron ayer fuentes de la Abogacía del Estado.
Estos plazos se deben a que la primera audiencia que se celebrará ante la Corte de Apelación, después de que la jueza desestimara la demanda del Estado español, tendrá lugar, previsiblemente en octubre; mientras que la sentencia, siguiendo esta cadencia, podría ser dada a conocer «aproximadamente, dentro de un año».
La Corte de Apelación es el órgano encargado de dirimir si es competencia o no de los tribunales americanos dictar sentencia sobre la demanda civil en la que España reclama a ABS más de 1.000 millones de dólares basándose en una negligencia de la compañía al revisar el petrolero que el 13 de noviembre de 2002 se hundió frente a las costas gallegas con 77.000 toneladas de fuel en su interior.
Por ello, una vez que la citada corte resuelva la cuestión de la competencia, el juicio seguirá adelante en Nueva York, en el mismo tribunal y con la misma jueza. De este modo, el proceso que comenzó en mayo del 2003 podría durar casi tanto como lo que se dilató en el tiempo hasta el dictamen de la jueza, en enero de 2008, prácticamente cinco años. Esto es así debido a que, según los cálculos de la Abogacía estatal, la sentencia podría salir «en un año» y luego, «cabe recurso».
Tal y como indicaron las mismas fuentes, la jueza de Nueva York, Laura Swain, desestimó la demanda justificando que no era de su competencia «sin entrar en el fondo de la cuestión», por lo que el Estado español decidió recurrir al entender «que simplemente rechazó hacerse cargo de un asunto largo y tedioso».
Esta afirmación se justifica en que la competencia se resuelve en las cuestiones previas al juicio para evitar que se practiquen pruebas innecesariamente. Pruebas que, según precisaron, son muy caras, puesto que se trata de análisis periciales, informes y abogados, entre otras. Por todo, la Abogacía del Estado concluyó que hay algo «anómalo» porque, «después de cinco años, decide ahora que no es de su competencia».
Razones de la juez
La juez basa su sentencia en el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (CLC), que indica que las reclamaciones al armador, a la naviera, a la tripulación, al capitán y a «otras personas» que colaboran en la navegación del buque se deben dirimir en tribunales del país en el que se causó el daño.
No obstante, los abogados del Estado aseguraron que, en el momento de la creación del CLC, se decidió dejar fuera a la clasificadora, por entender que no colabora en la navegación, sino que sólo se encarga de revisar su navegabilidad, y porque funciona como un ente independiente. Sin embargo, la interpretación jurídica final de la magistrada entiende como «otras personas» a la clasificadora y remite el caso para su juicio en España.
Tras cinco años y medio en los tribunales americanos, el Estado español reclama a la sociedad clasificadora más de 1.000 millones de dólares, justificados con facturas, en concepto de daños e indemnizaciones. Por su parte, la Abogacía del Estado lleva gastado en este período más de 21 millones de dólares.
