El Ministerio de Medio Ambiente culminó ayer el bandazo en política hídrica y enterró el rechazo a los grandes trasvases que marcó la etapa de la anterior ministra, Cristina Narbona. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, admitió en público que el trasvase de agua del Tajo que pide el PP desde Cáceres al río Segura «es una posible buena opción». Aunque oficialmente el proyecto no está en estudio «para no quemarlo», la decisión está tomada y Medio Ambiente planea anunciar el trasvase antes de febrero.
Además, Puxeu lamentó que el Congreso anulara el trasvase del Ebro a Barcelona y asumió que «las desaladoras no son la panacea». «Gestionar el agua desde dogmas es un error en el que hemos estado inmersos los últimos años», remató en un acto de la fundación Ingeniería y Sostenibilidad al que asistieron responsables del agua de varias confederaciones hidrográficas, que parecieron satisfechos con sus palabras.
Puxeu sonrió cuando se le preguntó si su discurso suponía volver a la política de trasvases tradicional de los socialistas -desde la II República hasta Borrell- y que Rodríguez Zapatero y Narbona abandonaron en 2001 (estando el PSOE en la oposición) como pedían los socialistas de Cataluña y Aragón. «Si hay una cuenca, la del Segura, que tiene un déficit del 60%, lo que no podemos es desmantelar un sistema productivo y organizar una migración. Tenemos que darle agua. O la desalas o la transportas. Pero sería un disparate decirle a esa gente que está mal ubicada», lanzó Puxeu.
Sin que se le preguntara por ello, el secretario de Estado sacó el tema del trasvase del Tajo medio al Segura, que desde 2000 pide el Gobierno de Murcia. El presidente de esa región, Ramón Luis Valcárcel (PP), ya se lo propuso a Narbona sin éxito, y cuando gobernaba Aznar prefería éste al del Ebro. Supone tomar el agua del Tajo en Cáceres, dejar parte en el esquilmado Guadiana y empalmar con el actual trazado del Tajo-Segura, que cada vez lleva menos agua. Desde junio, Puxeu ha negado a este diario tres veces que esté estudiando ese trasvase. Ayer lo repitió, pero de forma peculiar: «Es una posible buena opción. Ni es de hoy ni de ayer ese proyecto. Ni se le ha ocurrido a Puxeu ni a Valcárcel. Ha habido opciones viables que se han quemado. No lo estamos estudiando porque no queremos quemarlo. Pero si vamos a buscar soluciones, vamos por ahí». Incluso señaló que no tendría que hacer muchos estudios porque «los papeles ya estaban hechos», y aludió a los trabajos que Adrián Baltanás hizo para Josep Borrell en los años 90. Baltanás preside desde 2004 la sociedad estatal Acuamed, encargada de realizar las desaladoras que Narbona planificó al derogar el trasvase del Ebro. Ayer asentía entre el público. En su discurso, Puxeu también se detuvo en la desalación: «No es la panacea. Es una buena solución en línea de costa y para abastecimiento y ayuda en tiempo de crisis».
Aunque el ministerio no piensa decir nada oficialmente, ha tomado la decisión de lanzar el trasvase del Tajo medio antes de febrero para que la guerra del agua quede zanjada antes de las elecciones europeas y con el Estatuto de Castilla-La Mancha previsiblemente aprobado. La intención del Gobierno, ya debatida con el PP, es bajar el tono de la disputa, eliminar del Estatuto castellano-manchego la caducidad del trasvase Tajo-Segura, aumentar los recursos asignados a Castilla-La Mancha en el Plan de Cuenca del Tajo y el caudal ecológico en Aranjuez y, después, promover el trasvase desde Cáceres.
Además, no piensa decir que es un trasvase, sino «el cambio de la toma del trasvase Tajo-Segura» -así lo llamó ayer la ministra Elena Espinosa-. Parte de esa agua serviría para rellenar el acuífero 23 en Ciudad Real y recuperar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Por eso Barreda, que se oponía inicialmente, ya dice que el proyecto «está inteligentemente planteado». Medio Ambiente estima que la obra, de más de 440 kilómetros, costaría unos 2.000 millones, informa Tono Calleja.
El Gobierno pretende que el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández-Vara, asuma el liderazgo del proyecto y demuestre que -en contra de barones socialistas como el catalán José Montilla, el castellano-manchego José María Barreda, el aragonés Marcelino Iglesias o el andaluz Manuel Chaves- se puede ser solidario hasta con el agua. Fernández-Vara ha comentado en privado que, tras recurrir el Estatuto andaluz y el de Castilla y León por apropiarse la gestión de los ríos, ahora no puede decir que el Tajo es suyo. El extremeño pedirá compensaciones en obras y que el agua se pague. La semana que viene viajará con Puxeu a Italia y allí avanzarán en el proyecto.
Puxeu explicó ayer que con las desaladoras de Barcelona y con el trasvase Júcar-Vinalopó, Cataluña y Valencia tendrían satisfechas sus necesidades. Sólo faltaría la cuenca del Segura, algo que soluciona el trasvase desde Valdecañas (Cáceres). Así se puede zanjar la guerra del agua. Y el Gobierno parece dispuesto a cambiar de discurso para logralo.
