Así lo ha manifestado durante su intervención en las jornadas "Retos de la gestión sostenible del agua. La nueva Ley del agua de Andalucía", organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en Medina-Sidonia (Cádiz).
En este sentido, Díaz Trillo ha reiterado el impulso que la Ley de Aguas de Andalucía concede a las entidades locales como competentes en la materia y, fundamentalmente, a las entidades supramunicipales. Para el titular de Medio Ambiente, las asociaciones de municipios son garantes de la calidad en la prestación del servicio urbano de agua, ya que conllevan un equilibrio y solidaridad para todos los ciudadanos, residan en un pequeño municipio o una gran ciudad.
Según ha apuntado el consejero de Medio Ambiente, los ciudadanos de los pequeños municipios con menores recursos económicos necesitan una especial atención y apoyo por parte de las administraciones, de ahí que la agrupación de municipios sea la mejor forma de evitar posibles desequilibrios entre los ciudadanos de un municipio y de otro, principalmente en materia de depuración.
Para ello, la Junta de Andalucía sigue trabajando en colaboración con las entidades locales en la mejor forma de llevar a cabo la ejecución y financiación del Plan de Depuración, que conseguirá, gracias a la construcción y mejora de infraestructuras, la eliminación de las aguas residuales en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establece la Directiva Marco de Agua.
Esta colaboración se plasma en la firma de convenios de convenios con las entidades locales, con la participación de las entidades suministradoras. Los modelos de convenio que definirán la forma de ejecución de las infraestructuras de forma consensuada en cada caso y que tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos en el momento de su ejecución, ya se han remitido a la Consejería de Hacienda para que dé su visto bueno.
Además del impulso a la gestión supramunicipal, el consejero quiso destacar especialmente el grado de avance del Observatorio Andaluz del Agua, cuyo decreto de creación está solo a la espera de los informes positivos del Gabinete Jurídico y del Consejo Consultivo para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Una vez que se apruebe el Decreto y se publique en el BOJA, este organismo de consulta y participación se constituirá en el plazo de dos meses y se convertirá en el instrumento de referencia para conseguir una gestión transparente y participativa del ciclo integral del agua.
Díaz Trillo ha recordado cómo este organismo, pionero en España, fue una de las medidas más consensuadas del Acuerdo Andaluz por el Agua, en el que participaron las entidades locales mostrando su total apoyo. Como órgano de consulta y participación, el Observatorio podrá exigir información fiable y comparable sobre el agua, con el fin de mejorar y armonizar la prestación del servicio del ciclo urbano del agua en aras de una mejor eficiencia y transparencia en la gestión gracias a la participación de los usuarios.
Planes hidrológicos
Durante una visita a la presa de Bornos el consejero ha señalado que los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias andaluzas aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno supondrán en los próximos 15 años una inversión de 1.781 millones de euros en esta provincia. Díaz Trillo ha recalcado que la actualización de la planificación hidrológica de las demarcaciones del Guadalete-Barbate y la Mediterránea, junto a la implementación de las medidas propuestas, logrará mejorar la garantía del suministro, alcanzar el buen estado ecológico de todas las aguas, racionalizar el consumo y ajustarlo a las futuras demandas.
La mayor parte de la provincia de Cádiz se abastece del Distrito Guadalete-Barbate, demarcación en la que residen más de 946.000 habitantes y en la que se prevé una inversión de 1.610 millones de euros en los próximos 15 años para el desarrollo de 254 medidas. La Junta de Andalucía asume en torno al 75% del montante de las inversiones programadas, correspondiendo el resto a la Administración General del Estado. La Consejería de Medio Ambiente ha programado un conjunto de actuaciones prioritarias por un importe de 353,4 millones de euros y a desarrollar antes de 2015.
