El Reglamento de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha tenido un impacto considerable, pero debe aplicarse de forma más sólida y rigurosa a fin de garantizar que el pescado ilegal en ningún caso pueda entrar en el mercado europeo.
Esta es una de las conclusiones de un análisis publicado hoy por las ONG Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF.
El análisis constata que el reglamento de 2010 ha resultado ser una poderosa herramienta a la hora de evitar que el pescado capturado ilegalmente entre en la UE.
La aplicación de esta normativa también ha propiciado un cambio positivo en la gestión de la pesca en terceros países, de donde procede más del 60% del pescado que se consume en la UE.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales han llegado a la conclusión de que algunos Estados miembros tienen que hacer más para impedir que los operadores ilegales tengan acceso al mercado de la UE.
El análisis sugiere que los Estados miembros tienen que ser más sistemáticos y efectivos a la hora de verificar la documentación de capturas (certificados de captura) y los lotes (en especial los procedentes de países considerados como de alto riesgo) con el fin de cerciorarse de que el pescado ha sido capturado legalmente.
Si bien la declaración de capturas y comercio constituye un componente central de la gestión pesquera moderna, el Reglamento INDNR queda debilitado por el uso de un sistema en formato papel para documentar las importaciones de productos pesqueros.
Esto impide que se pueda contrastar la información de que disponen las distintas agencias de control de fronteras de la UE.
Eszter Hidas, responsable de políticas de la UE en materia de pesca ilegal en la organización WWF, afirma que la Comisión Europea tiene que cumplir su compromiso de adoptar una base de datos electrónica de información sobre la importación de productos de la pesca en 2016 que permita evitar potenciales abusos del sistema.
“Este sistema solamente podrá ser efectivo a largo plazo si la información sobre las importaciones de productos de la pesca puede compartirse en tiempo real entre los 28 Estados miembros, permitiendo con ello que las distintas autoridades contrasten y verifiquen la información y, en última instancia, adopten un enfoque coordinado a la hora de identificar y bloquear lotes sospechosos. El objetivo final, proteger las poblaciones de peces y las comunidades que dependen de ellas para su subsistencia, solamente podrá alcanzarse si los productos ilegales no tienen ninguna posibilidad de llegar a la UE”.
El análisis también concluye que todos los Estados miembros deberían imponer sanciones severas a sus ciudadanos nacionales que participen en el comercio de productos ilegales de la pesca, algo que ya exige el Reglamento, así como reformar otros actos legislativos relevantes para garantizar que los buques de la UE que faenan en aguas extracomunitarias operen dentro del marco de la legalidad.
En palabras de María José Cornax, directora de pesca de Oceana en Europa: “este análisis muestra que países como España están trabajando para sancionar a nacionales de la UE involucrados en pesca ilegal en cualquier lugar del mundo, un enfoque que deben adoptar de modo uniforme todos los Estados miembros.
Además, contar con nuevas normas estrictas que rijan las actividades de la flota de larga distancia de la UE propiciará una transición hacia una pesca más transparente y sostenible en todo el planeta”.
Steve Trent, director ejecutivo de la ONG Environmental Justice Foundation, indica que la UE también debería apoyar la adopción de medidas mundiales para garantizar unas prácticas pesqueras más transparentes y sostenibles. “La UE ha demostrado su compromiso por ayudar a elevar los estándares mundiales dentro del sector de la pesca, apoyando a muchos países a reforzar sus medidas de lucha contra la pesca ilegal y señalando con el dedo a los que no cooperan. Hacer que otros mercados clave de todo el mundo se unan a la UE en esta batalla debería constituir una prioridad absoluta de cara a los próximos años”.
Tony Long, director del proyecto “ending illegal fishing” de Pew, afirma que “en su calidad de mayor mercado mundial de productos de la pesca, la UE desempeña un papel clave en la reforma del comercio internacional de los productos de la pesca. Esta evaluación muestra que el reglamento de la UE para combatir la pesca ilegal ha elevado el listón en materia de gestión mundial de la pesca. Apoyamos el hecho de que la Comisión y los Estados miembros sigan trabajando para alcanzar el pleno potencial que ofrece el Reglamento”.
