La consejera de la Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, ha destacado que el Observatorio, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, tendrá su sede en Málaga y estará integrado por representantes de administraciones públicas, organizaciones sociales, usuarios, gestores, sindicatos y empresarios, así como técnicos y expertos. Moreno ha subrayado que se trata de un "órgano pionero en España" por la amplia participación ciudadana que propicia, y ha aclarado que sus funciones se centrarán tanto en la realización de propuestas como en el seguimiento de las políticas hidráulicas en Andalucía.
En cuanto a su estructura, el nuevo órgano funcionará en pleno y en dos secciones, una dedicada a los usos urbanos del agua y otra a los no urbanos. El pleno estará presidido por el director del Observatorio, a su vez nombrado por el Consejo de Gobierno entre profesionales de reconocido prestigio en materia de aguas, y lo integrarán 24 vocales con la siguiente distribución: cuatro de la Administración autonómica (consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Salud y Turismo, Comercio y Deporte); dos de las administraciones locales, designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; tres de las organizaciones profesionales agrarias; tres de las organizaciones de consumidores y usuarios; dos de las empresas y entidades de abastecimiento urbano; dos de los regantes; dos de las organizaciones empresariales; dos de los sindicatos; uno de las organizaciones vecinales; uno de las asociaciones ecologistas; uno en representación de los usuarios de aguas subterráneas, y otro de los usuarios de servicios hidroeléctricos.
La estructura se completa con la Secretaría y con la Vicepresidencia, que será ocupada por la persona titular de un centro directivo de la Consejería de Medio Ambiente. Por su parte, las dos secciones del Observatorio también reflejarán, aunque en menor número, esta composición.
Respecto a las funciones, el decreto señala la realización de estudios e informes sobre planificación, gestión, demandas para actividades económicas, uso eficiente del recurso, recuperación de costes asociados a la gestión, objetivos ambientales y caudales ecológicos. Asimismo, el Observatorio elaborará propuestas sobre estándares de calidad, indicadores de gestión, criterios técnicos de cuantificación de rendimientos en las redes urbanas, estructura tarifaria y fomento de las nuevas tecnologías y de la eficiencia.
Para el ejercicio de estas competencias, la norma aprobada regula el deber de suministro de información al Observatorio por parte de administraciones, usuarios y entidades y empresas distribuidoras y concesionarias. Entre los datos incluidos en esta obligación figuran los relativos a usos de agua, tanto domésticos como de actividades económicas; consumos y demandas; costes asociados a la gestión; estructura tarifaria, tecnologías aplicadas y parámetros físico-químicos y biológicos para el análisis de incidencias ambientales en la calidad del recurso. De acuerdo con el decreto, el plazo para proporcionar esta información no podrá ser superior a tres meses ni inferior a 15 días.
Feragua, en contra
La Asociación de Comunidades de Regantes de Feragua ha recibido con verdadero enojo y preocupación la noticia de la aprobación del decreto de regulación del Observatorio del Agua de Andalucía. Feragua cree que la creación de este nuevo organismo "superfluo e inútil" es una mala noticia para la gestión hidráulica en Andalucía, pues supondrá más burocracia y gastos generales para los usuarios en un contexto de crisis, y lamenta que el Gobierno andaluz aún no se haya enterado de que la situación económica en nuestra Comunidad no da para este tipo de despilfarros absurdos.
Feragua considera que la función consultiva de la Administración hidráulica andaluza ya es ejercida por el Consejo Andaluz del Agua (art. 18 de la Ley 9/2010, de 30 de julio), órgano de consulta y asesoramiento en materia de aguas, por lo que considera la creación de este nuevo organismo un caso flagrante de duplicidad de funciones, con el agravante de producirse en un contexto de severísima crisis. Asimismo, señala que la participación social es obligatoria en los órganos de participación y gestión (art. 7.1.1º.f) y art. 7.2.1.f)), estando ya garantizada (al menos en el plano teórico) la participación de los usuarios en la gestión hidráulica, por lo que también en ese aspecto la creación de este nuevo órgano resulta una duplicación absurda de funciones asignadas.
"El Observatorio no tiene ningún sentido ni como órgano consultivo, ni como órgano de participación social, que son los fines para los que nace, pues para eso ya existen otros órganos y mecanismos en la administración hidráulica andaluza", señala la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, que considera un verdadero disparate que se cree un observatorio para hacer "informes y estudios sobre planificación, gestión, demandas para actividades económicas, uso eficiente del recurso, recuperación de costes asociados a la gestión, objetivos ambientales y caudales ecológicos", según dice textualmente la Junta de Andalucía, mientras los regantes, que son los principales usuarios del agua en Andalucía, tienen amenazada la subsistencia, en un fuego cruzado de endeudamiento financiero a causa de las obras de modernización del regadío, aumento de los costes eléctricos y crisis agrícola.
Por ello, la presidenta de Feragua pide a la administración hidráulica andaluza que se deje de "experimentos con gaseosa" y de "crear organismos inútiles" y se concentre en la gestión de las cuencas intracomunitarias, confiando en los funcionarios y profesionales con experiencia, y preocupándose por los temas que verdaderamente preocupan a los regantes y son relevantes para la subsitencia de la agricultura de riego, que representa más del 65% del PIB andaluz y una facturación de 6.700 millones de euros.
