El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones del llamado “trasvase del Fresno” hacia el condado de Huelva, que supondrá la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos anuales de aguas superficiales desde la Cuenca Atlántica Andaluza a la del Guadalquivir. Según esas condiciones, toda el agua trasvasada podría destinarse íntegramente a los regadíos del entorno de Doñana, a pesar de que el proyecto se enmarca entre las “medidas excepcionales para la lucha contra la sequía para asegurar el abastecimiento urbano”. WWF lamenta la falta de participación y transparencia en todo el proceso, amparado en la condición de “medidas excepcionales”.
En su resolución de 15 de febrero de 2008, el Consejo de Ministros acordó una transferencia de 4,99hm3 anuales de aguas superficiales desde la Cuenca Atlántica Andaluza hasta la del Guadalquivir, con el argumento de asegurar el abastecimiento de los pueblos de la Mancomunidad del Condado de Huelva y la recuperación de los acuíferos de la zona: es decir, doble finalidad de abastecimiento a la población y regadíos.
WWF lamenta que se proponga un trasvase con un enorme coste económico, social y ambiental sin haber aplicado antes otras medidas básicas que exige la normativa europea y española: el cumplimiento de la legalidad y la gestión de la demanda (el uso eficiente del agua).
De los cultivos que podrán ser regados, el 63% de la superficie (541 hectáreas de 858) se encuentra dentro del catálogo de Montes Públicos. Parte podrían legalizarse con el Plan de la Corona Forestal de Doñana (Plan de la Fresa) pero aún no se sabe cuáles. Además, al menos el 75% de las fincas se están regando actualmente con pozos ilegales: el área fue denunciada por WWF en su informe “El robo del agua en Doñana” porque en ella se acumulan más de 50 captaciones ilegales en medio del monte. WWF vuelve a alertar de que el proyecto sería una amnistía para muchas hectáreas que riegan de manera ilegal.
La propuesta de trasvase se suma a la de una nueva presa o el recrecimiento de la actual, en el Guadiamar, para poder reabrir la mina de Aznalcóllar, ya que el agua que en su día usaba la mina ahora ha sido otorgada en concesión a otros usos, entre ellos fincas que regaban ilegalmente – algunas han seguido regando desde 2008, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo, y han acumulado sanciones por más de 1,5 millones de euros-.
“La Confederación del Guadalquivir sigue poniendo parches a los problemas del agua en lugar de perseguir el uso ilegal y poner orden en el caos administrativo alrededor de Doñana", ha declarado Eva Hernández, responsable del equipo de aguas y agricultura de WWF España.
