WWF España acude a la Conferencia "Aplicación de Políticas Europeas de Agua en la Agricultura", que comenzó ayer en Bruselas. La organización considera que la experiencia española sobre cómo frenar el uso ilegal del agua en la agricultura puede ser un buen referente para saber los errores a evitar. WWF denuncia que España cuenta con más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío. Este problema está amenazando no sólo la supervivencia de zonas de alto valor ambiental, sino el abastecimiento a poblaciones o a las actividades socioeconómicas tradicionales. Hay dos casos que llaman especialmente la atención: Daimiel y Doñana.
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal de importancia internacional, se está secando por la presión de los más de 20.000 pozos ilegales que lo rodean, dedicados en gran parte al regadío del viñedo, un cultivo tradicional de secano. En Doñana hay más de 1.000 pozos ilegales y no existe un plan de extracciones de las aguas subterráneas que regule lo que sacan los pozos legales. Esta situación ha desencadenado que las marismas de este otro Parque Nacional reciban un 80% menos de agua de los aportes naturales del acuífero.
Política Agraria Común
Tanto en Daimiel como en Doñana se ha visto perjudicada, además, la calidad de las aguas para abastecimiento humano. Asimismo, los propios agricultores legales están viendo cómo los mercados se inundan de productos regados ilegalmente en un claro ejemplo de competencia desleal.
Este regadío incontrolado ha sido en parte fomentado por las ayudas de la Política Agraria Común, que ofrece el doble de apoyo a los cultivos de regadío frente a los de secano. A este problema económico se le suma la falta de medios o de interés de las autoridades competentes para acabar con esta amenaza para los ríos y acuíferos.
A partir de la experiencia española, WWF España presenta algunas recomendaciones clave para asegurar que la agricultura contribuye a cumplir con los objetivos ambientales de la Unión Europea como el de exigir el uso legal y eficiente del agua como requisito previo para obtener cualquier etiqueta de calidad (Denominaciones de Origen, Producción Ecológica, Producción Integrada, etc.). Estos requisitos también deben cumplirse en los protocolos de compra de los supermercados.
También se apuesta por la clausura inmediata de los pozos ilegales e imposición de las correspondientes sanciones, dotando a las autoridades competentes de los recursos necesarios para mejorar el control del uso del agua (tecnologías satélite, instalación de caudalímetros, etc.)
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, aseguró: "Hace años que el Ministerio de Medio Ambiente dio el dato de los 500.000 pozos ilegales en España y son escasos los movimientos por parte de la administración para cerrarlos". Y añade: "Los recursos hídricos, un bien público, merman cada día en beneficio de unos particulares sin que nadie haga nada para evitarlo. La lucha contra el uso ilegal del agua es algo que nos compete a todos"
