La Dirección del Parque Nacional de Picos de Europa, que abarca territorio de Castilla y León, Asturias y Cantabria, adolece de mecanismos de control de lo que el personal de la Junta de Castilla y León realiza en terrenos del propio Espacio Natural Protegido, ya que la vertiente leonesa del Parque Nacional se solapa con la Reserva Regional de Caza de Riaño, donde impera un modelo de gestión puramente cinegético. El animal ha sido abatido por personal de la Junta de Castilla y León, sin el conocimiento del personal del Parque Nacional.
En el momento de su muerte, el lobo portaba un collar de seguimiento GPS-GSM que le fue colocado el día 10 de octubre de 2012 por los investigadores contratados por el Parque Nacional de los Picos de Europa. Para este trabajo de radiomarcaje, la Junta de Castilla y León y la Dirección de la Reserva Regional de Caza de Riaño exigieron la presencia de celadores de la Reserva. Este hecho viene a sumarse al episodio acontecido con la muerte del lobo apodado “Marley”, ejecutado por personal de la Administración del Parque Nacional, que también formaba parte del mismo estudio científico. La Dirección del Parque Nacional informó en diciembre al Patronato del Parque Nacional sobre el proceso de captura y marcaje. Se afirmaba que el collar de la loba ahora abatida estaba operativo y transmitiendo información adecuadamente.
Según los grupos firmantes del comunicado, la ejecución de lobos dentro del Parque es un ejemplo de su deficiente gestión, además de un desprecio al coste del proyecto de investigación y un enorme obstáculo para obtener resultados del mismo.
Se demuestra de nuevo que las ejecuciones de lobos se realizan sin coordinación entre administraciones implicadas en la supuesta co-gestión del Parque Nacional. Además, informes técnicos encargados por el propio Parque desaconsejan la realización de controles de lobos y sugieren que incluso pueden tener efectos inesperados por la desestructuración de las apenas 3-6 manadas que habitualmente campean en el Parque Nacional.
Gestión deficiente
Este hecho viene a confirmar lo que los grupos conservacionistas llevan denunciado hace décadas: las malas praxis de gestión tanto en el Parque Nacional como en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, terrenos públicos donde debe primar, por ley, la conservación de los valores naturales y no el control sistemático y desordenado de lobos.
La base de una buena gestión debe cimentarse en un buen conocimiento y una participación pública abierta y transparente. Ningún tipo de pronunciamiento ha sido emitido por las administraciones implicadas ni por los investigadores de las empresas contratadas con dinero público para el radiomarcaje (TRAGSA y A.RE.NA). Los grupos firmantes han conocido la muerte de la loba a través de filtraciones de terceros. Según informes oficiales, la administración del Parque Nacional abonó entre 2010 y 2011 más de 500.000 euros para la realización de este tipo de estudios con ejemplares radiomarcados. Su muerte a tiros confirma el grado de protección del que realmente goza la especie, a pesar de estar hablando de un parque nacional, y cancela de manera prematura el aprovechamiento de los datos que esos animales podrían haber aportado
Por último, solicitan una investigación a fondo para esclarecer y depurar las responsabilidades derivadas tanto del Parque Nacional como de la Reserva Regional de Caza de Riaño.
