Faraónico proyecto
Entre las amenazas que asedian Doñana, hay una que pende desde hace años sobre esta gran joya de nuestros espacios protegidos: el dragado de profundización del río Guadalquivir. El faraónico proyecto, promovido por el Gobierno a través de la Autoridad Portuaria de Sevilla, consiste en excavar un gran canal de navegación de hasta 8 metros de profundidad en el tramo bajo del río y el ensanche de sus márgenes para que puedan llegar megacargueros y grandes cruceros hasta la capital andaluza. El dragado ha sido anulado por el Tribunal Supremo, y tiene abierto un proceso de infracción en Bruselas por la vulneración de las leyes europeas de protección de la naturaleza. El Guadalquivir es la columna vertebral de Doñana. El dragado sería el golpe de gracia para el río y, en consecuencia, para este espacio Patrimonio de la Humanidad. Por eso la UNESCO lanzó en 2015 un ultimátum a España, que debe responder antes del 1 de diciembre: o se descarta para siempre el dragado, o Doñana debería entrar en la lista de “Patrimonio Mundial en peligro”.
El Gobierno sigue sin decir no al dragado, y no parece que pretenda cambiar sus planes pese a la petición de UNESCO. En WWF llevamos mucho tiempo intentando acabar con este proyecto faraónico e ilegal que ha cosechado la oposición de todos: el órgano de participación pública que vela por la conservación de Doñana (Patronato del Parque Nacional primero y Consejo de Participación del Espacio Natural después) lo ha rechazado en 2001, 2011 y 2014. Otro importante golpe llegó desde la ciencia, en 2010: a partir de estudios realizados por el CSIC, una Comisión Científica dictaminó que en la situación actual del río, es imposible profundizar el dragado del cauce sin causar daños irreversibles al río, a sus márgenes, a las llanuras mareales, y por tanto a su biodiversidad y a Doñana. Con el dragado aumentaría la erosión de los márgenes del río, aumentaría la turbidez y la salinidad en el estuario, y además dañaría a las playas de las costas de Cádiz y Huelva, por cambiar el depósito de sedimentos y arena.
El proyecto no sólo sería un golpe mortal para Doñana, también para sectores como la pesca o la agricultura del arroz, vitales para la zona. En su último tramo, el Guadalquivir es la guardería de multitud de especies de peces, que depositan sus huevos en el fondo del río y crecen allí antes de ir al mar, al golfo de Cádiz, que gracias al río es una de las zonas pesqueras más ricas de Europa. Con el dragado, se acabaría toda esa riqueza: Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, se quedaría sin sus famosos langostinos. “La crianza que tiene el Guadalquivir, la vida que nos da a nosotros el Guadalquivir… Tocar el río para que pasen unos pocos mercantes grandes, le va a dar vida a los mercantes pero me la va a quitar a mí”, nos contó Juan Camacho, un pescador artesanal de Chipiona.
Los arroceros del Bajo Guadalquivir también han sido una de las voces más contundentes contra el dragado. Uno de sus grandes impactos es que, al dragar el río, el agua salada del mar –que ya está avanzando por la falta de agua dulce- invadiría a mayor velocidad el estuario. “Si quieren tener agua salada en Sevilla capital, llegará un momento que la tendrán. Y las sardinas, también las tendrán en el Puerto de Sevilla”, dice con ironía Julián Borja, arrocero en Isla Mayor. Los arroceros inundan sus campos con agua dulce del Guadalquivir, y después la devuelven al río, así que es lógico que el sector haya estado en pie de guerra contra el proyecto desde el primer momento.
Uno de los últimos mazazos a este disparatado proyecto llegó en marzo de 2015. El Tribunal Supremo dió la razón a WWF y confirmó que el dragado perjudicaría claramente al estuario y a Doñana y que va en contra de los objetivos de la Directiva Marco del Agua. El Supremo anuló la maniobra del Gobierno, que intentó dar luz verde al dragado incluyéndolo como medida del Plan Hidrológico del Guadalquivir. Ese mismo mes llegó otro varapalo desde Bruselas: la Comisión Europea confirmó, a raíz de una queja presentada por WWF, que el dragado es contrario a las leyes comunitarias de protección de la naturaleza y el agua.
