Todos han tenido diligencias abiertas en los juzgados, en las que Ecologistas en Acción ha participado como acusación particular, y ninguno de ellos ha conseguido ser resuelto ni se ha podido inculpar a los autores de los mismos.
El último caso nos ha llamado la atención porque la Audiencia Provincial de Palencia, aún reconociendo en su Auto que está cerca de nuestras posiciones en defensa del medio natural, opta por archivar el asunto, tomando como base las declaraciones de personas que participaban en la cacería y que, lógicamente, no van a declarar en su contra.
En estas declaraciones, el personal de campo responsable de la cacería ha demostrado un profundo desconocimiento sobre la normativa del Parque Natural y su zonificación, lo que parece a todas luces algo verdaderamente grave.
El oso fue disparado por un cazador que participaba en una cacería de jabalí en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas. Es evidente que el disparo fue fortuito, faltaría más, y a eso se ha ceñido el cazador, pero nosotros, a la vista de los informes del Seprona de la Guardia Civil pedimos que se hiciera una pericial sobre los puntos que aportaba dicho informe y que podrían estar situados dentro de una Zona de Reserva del Parque Natural, donde la cacería no estaba autorizada a entrar, y por lo tanto, el error cometido por el cazador no fue fruto de la casualidad y si de una cacería irregular.
Esta prueba, fácil y trascendental, inexplicablemente no ha sido tenida en cuenta en la instrucción de las diligencias, por lo que Ecologistas en Acción denunció la cacería ante la propia administración y ante la falta de respuesta hemos acudido al Procurador del Común que esperemos resuelva a nuestro favor, a pesar de que la mayoría de resoluciones del Procurador también son papel mojado para la Junta de Castilla y León.
La Audiencia de Palencia, como autoridad judicial, no ha dado un paso más allá en la investigación y el Fiscal de Medio Ambiente no considera el ámbito penal como defensor último del oso pardo y prefiere el ámbito administrativo. Lo que no tiene en cuenta el Fiscal es que en este ámbito administrativo tenemos como juez y parte a la misma administración, la Junta de Castilla y León, obligada a proteger al oso pardo y a la vez responsable de la cacería, con lo cual pocas actuaciones va a tomar en su contra y, por evidente corporativismo, tampoco en contra de su personal.
Para nosotros, lo que es todavía más grave es que no se conoce ningún tipo de medida ni de actuación directa de la Junta de Castilla y León para intentar resolver alguno de estos casos ni para prevenirlos, todo se deja que siga su curso y que el oso salga solo, si puede, de su situación crítica.
Además en Palencia el problema se ve agravado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, su responsable y la responsable de la Reserva regional de Caza, están anclados en la noche de los tiempos en cuanto a conservación de especies.
España goza de gran cantidad de legislación, nos gusta reflejarlo todo en leyes, normas, prohibiciones, regulaciones, normativas, que están demostrando quedar en papel mojado, y el caso de la conservación de la naturaleza en general y del oso pardo en particular no va a ser una excepción.
Como puede verse, no sabemos para que disponemos de tantos medios, tantos recursos, legislación, entramado administrativo y judicial, si nuestros osos y nuestra naturaleza siguen siendo objeto de agresiones impunes.
