Sigue el juicio por el proceso abierto contra la perrera El Refugio, localizada en el municipio de Puerto Real (Cádiz). Estas intalaciones, que gestionaban la recogida de animales abandonados en los principales municipios de la provincia de Cádiz, fue cerrada en septiembre de 2007 por orden judicial. La juez investiga ahora si se cometían irregularidades en el modo de sacrificar a los animales recogidos.
Ha declarado como imputado otro trabajador de la perrera de Puerto Real. Son ya 7 los imputados en este procedimiento abierto en el Juzgado nº 2 de Puerto Real. El dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y tres trabajadores.
«La directora de la perrera de Puerto Real mintió en su declaración», afirma Nacho Paunero, miembro de la asociación de defensa de los animales, El Refugio. «El 22 de abril dijo que no ejercía funciones de directora, lo cual se contradice con las declaraciones de ayer día 4 del último imputado y con las realizadas en su día por el propio Placido Gomez Muñoz dueño de la perrera y el antiguo veterinario en las que declaran que si era la directora de la perrera», asegura.
Uso de un paralizante no autorizado
Uno de los agentes del Seprona declaró ante la Juez, el pasado 3 de junio, que el veterinario titular había efectuado una llamada telefónica solicitando a la empresa Agro-Farmavet, que no facilitara a la Guardia Civil información sobre las compras de mioflex que había realizado la perrera de Puerto Real.
El Gerente de Agro-Farmavet en su declaración como testigo ayer día 4 confirma que ha suministrado Mioflex a la perrera de Puerto Real siendo proveedor de la misma desde el año 2002. Además a la vista de la facturación aportada al proceso judicial por Agro-Farmavet se puede comprobar la importante cantidad de Mioflex suministrado, que curiosamente deja de adquirirse a partir del momento en el que se denuncian los hechos.
