A falta de consenso científico, en las reuniones previas a esta cumbre, el Presidente de la CBI, Cristián Maqueira, ha presentado una propuesta donde se plantea que se reabra la caza de cetáceos para mejorar los vacíos legales presentes en la moratoria firmada en 1986. Asociaciones ecologistas, como Greenpeace, piden que se mejore esta propuesta, ya que levantar la moratoria, aun con cuotas bajas, puede acabar con estos mamíferos marinos en unos años, además demandan que el acuerdo final de la reunión sea proteger a las ballenas y no a quienes las cazan.
Greenpeace se opone a cualquier tipo de caza comercial de cetáceos y pide “que en esta reunión la CBI se modernice para convertirse en un organismo que de una vez por todas proteja a estos grandes mamíferos”. Pew, WWF y Greenpeace han presentado una propuesta que contiene seis puntos fundamentales que han de ser aprobados para que esta cumbre tenga un final positivo para el futuro de las ballenas. Los puntos de esta propuesta son: el fin de la caza de ballenas en el Santuario de la Antártida; el fin del comercio con carne o productos derivados de ballenas; la eliminación de las cuotas unilaterales de caza de ballenas en peligro de extinción asumidas por algunos países; el establecimiento de la ciencia como la base para las decisiones tomadas por la CBI, y la vigilancia del no cumplimiento de los acuerdos asumidos por países miembros de la CBI.
"Nos enfrentamos a una cumbre más de la CBI en la que los escándalos de la industria ballenera japonesa siguen saliendo a la luz. Hace dos años dos activistas de Greenpeace denunciaron la malversación de fondos que existe detrás de esta industria, por lo que podrían ser condenados a 18 meses de cárcel después de un juicio injusto donde no se han tenido en cuenta los derechos humanos ni la libertad de expresión”, ha declarado Celia Ojeda, Responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace. “Los gobiernos tienen una fácil elección, han de decidir si defienden a las ballenas o a quienes las cazan, y tienen una semana para ello”, ha añadido Ojeda.
La CBI lleva estancada desde hace décadas, cuando Japón, Noruega e Islandia se negaron a firmar la moratoria y se establecieron unas cuotas de manera unilateral, continuando la caza de ballenas de manera “científica”.
"Recientemente, uno de los miembros de la tripulación ballenera que filtró información a Junichi y Toru, ha confirmado lo que se sospechaba desde hace años: que Japón compra votos a países como ayuda al desarrollo para que voten a favor de la caza de ballenas en la CBI. Es necesario que los políticos que están en Agadir tomen decisiones arriesgadas, ya que ellos no se enfrentaran a la posibilidad de ser encarcelados, y que mejoren y acaben con la mala gestión de la CBI”, ha apuntado, Celia Ojeda.
