Entre los detenidos se encuentran personas residentes en las localidades de Artica-Berrioplano (Navarra), Zarza la Mayor (Cáceres), Valdetorres del Jarama (Madrid), Villanueva de Infantes (Ciudad Real), Zaragoza y Madrid, por delitos relativos a la protección de la fauna, flora y animales domésticos. Otras dos personas de Madrid y Ciudad Real han sido imputadas por los mismos delitos.
La Benemérita ha señalado que se han inmovilizado 22 especímenes de ciervo que provenían de una granja alemana y otros 25 procedentes de las fincas implicadas en la operación. Los animales, que eran liberados en los terrenos de estos cotos para "renovar las líneas genéticas de las especies autóctonas y mejorar sus trofeos", ya están puestos a disposición judicial para la realización de las pertinentes pruebas periciales y científicas.
Las investigaciones, según ha indicado, se iniciaron a principios de año cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) tuvo conocimiento de que una persona, residente en Navarra, había ofrecido ejemplares de animales de caza mayor a los titulares de varios cotos privados de caza de Ciudad Real.
La trama comenzaba con el traslado de los animales, desde su lugar de procedencia a través de transportistas de ganado que disponían de la autorización internacional. Posteriormente, una vez obtenidos los certificados intracomunitarios necesarios, se alteraba el número de autorización administrativa y su destino para poder soltarlos en terrenos enclavados en comunidades autónomas que tienen restringidas estas sueltas, según ha informado la Guardia Civil.
Por su parte, los propietarios de las fincas implicadas a las que iban destinados los animales, se encargaban de solicitar autorizaciones para realizar sueltas de ejemplares de la misma especie, procedentes de fincas ubicadas en España y que disponían de los controles sanitarios necesarios para tener un respaldo documental ante la Administración en caso de inspección, según ha declarado. Sin embargo, las sueltas autorizadas "nunca llegaban a producirse y sólo se soltaba a los animales introducidos ilegalmente".
Además, durante el transcurso de la investigación, la Benemérita ha constatado que en dos de los transportes realizados se introdujeron varios ejemplares infectados de tuberculosis, "provocando un riesgo de contagio para la fauna cinegética y la ganadería de la zona".
El objetivo de esta actividad, según ha explicado la Guardia Civil, era "obtener mayores rendimientos económicos, aprovechando el hecho de que los cazadores aprecian los trofeos de los animales abatidos según su tamaño". "Los detenidos ignoraban que las piezas adquiridas eran especímenes alóctonos o hibridados que, en ningún momento, podrían superar los controles de las Juntas de Homologación de Trofeos de Caza", ha apostillado.
Consecuencias negativas en el equilibrio ecológico
Asimismo, ha destacado que la introducción de estos ejemplares en los ecosistemas de la geografía española "sin las debidas garantías sanitarias" puede tener consecuencias negativas sobre el equilibrio ecológico de la zona en la que se produce la suelta y favorecer la hibridación de la fauna autóctona con la que entran en contacto.
Ha asegurado también que esta actividad puede dar lugar a "la propagación de nuevos agentes infecciosos, perjudiciales para la conservación de la fauna autóctona, así como para la sanidad animal e incluso para la salud pública".
En esta investigación, la Benemérita ha contado con la colaboración, en las diversas gestiones que ha llevado a cabo, de autoridades y organismos, tanto de la administración central como de órganos periféricos de distintas comunidades autónomas competentes en materia de caza, trazabilidad y sanidad animal. Asimismo, las gestiones necesarias con otros países europeos han sido realizadas por la Guardia Civil a través de Europol.
