Si usted fuera una tortuga, tendría un 60% de posibilidades de enredarse en una anilla de plástico y perder una de sus patas. Ese es el porcentaje de estos animales que llegan maltrechos a uno de los centros de recuperación de fauna silvestre más activos de España. El dato lo ofrece Raquel Orts, directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), e ilustra el problema que padece el medio acuático y sus habitantes.
«La diversidad de efectos de las basuras marinas sobre organismos y ecosistemas es equivalente a la diversidad de los residuos que encontramos en el mar», amplía Orts. «Se han documentado impactos por ingestión y enredo en invertebrados, peces de todas las tallas, aves, tortugas, y hasta grandes cetáceos». Causas que en España amenazan a 77 especies de peces y en el mundo cerca de 8.000, según estima la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Los expertos llevan tiempo advirtiéndolo: el mar se ha convertido en un «enorme cubo de basura», y sus habitantes merman al mismo ritmo que proliferan los desperdicios, que en apenas 30 años, según la Fundación Ellen MacArthur, superarán en número a las criaturas oceánicas. A esta película de terror ambiental asisten en primera fila los pescadores, un colectivo para el que la salud del medio es vital, como han manifestado en muchas ocasiones. Por ello, con la economía circular como telón de fondo -el paso del usar-tirar a la renovación de los desechos- y las estrategias marinas que marca Bruselas en el horizonte, el sector mueve ficha por la salud del mar. Y lo hace desde dentro.
El inicio de un plan total
Muchos pesqueros ya recogen y depositan en puerto las basuras que extraen al faenar. Lo hacen tanto por conciencia propia como al abrigo de iniciativas privadas. La meta es ahora, según Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que estas acciones se conviertan en algo sistemático. «Queremos que la recogida y reciclado de residuos se vuelva algo normal en el proceder de nuestros armadores, marineros, pescadores; que no se quede en hechos aislados y descoordinados», explica. «Hacer que estas actuaciones formen parte del día a día pesquero».
Para ello han puesto en marcha un programa sectorial, el primero de este tipo de ámbito nacional, que consultará a todos los agentes implicados acerca de cómo se enfrentan a los desechos que hallan en sus redes. «Nos centramos en las basuras de fondo y flotantes y en su valorización, que son las que nos encontramos directamente la pesca arrastrera, y sobre las que hay un mayor desconocimiento», detalla Nadia Moalla, responsable de proyectos e innovación de la asociación. «A partir de los resultados de la macroencuesta, se diagnosticará la situación y se dibujará un plan global en línea con los dictados europeos sobre pesca y economía circular», retoma Garat. Como inicio inmediato, una cifra: extraer al año 200 toneladas de basura de nuestros mares.
El proyecto, apoyado por Medio Ambiente y su Fundación Biodiversidad, está alineado con las Estrategias Marinas de España, que emanan del marco comunitario. A él se ha sumado en torno al 95% del sector pesquero. «El hecho de que el gremio se comprometa es fundamental», sostiene Javier Remiro, coordinador del área de acuicultura y pesca sostenible de la Fundación. «Son los primeros que sufren y viven esta problemática en primera persona en cada lance de pesca».
El diagnóstico del sector pesquero servirá a su vez de punto de partida para la acción a largo plazo de LIFE IP INTEMARES, el mayor programa de conservación europea, coordinado por el Ministerio y con socios como IEO, WWF y SEO/Birdlife. «Sobre ese estudio, desarrollaremos una base de datos para la adecuada gestión de la información y llevaremos una acción demostrativa en un espacio marino protegido de la Red Natura 2000 española», anuncia Raquel Orts.
La extracción controlada de basuras por parte de los marineros es un capítulo incluido en la recién estrenada estrategia de economía circular de España, actualmente en consulta pública, que prevé un millón de euros para el desarrollo de «un esquema nacional» y cuatro millones para la instalación de puntos de recogida en tierra.
