El anteproyecto de ley 43/2003 asegura que su objetivo es “hacer efectiva la gestión forestal sostenible y, como parte de ella, la protección de los montes frente a incendios”. Pero las medidas que se modifican suponen en realidad un claro retroceso en la gestión de los montes. La presión de empresarios y de determinados gobiernos autonómicos prima sobre el interés general.
La modificación del artículo 50 permite a una comunidad autónoma saltarse la moratoria de treinta años para construir en una zona incendiada si considera que es por “interés general”. Y, además, se amplía hasta 25 años el plazo que los propietarios de masas forestales tienen para disponer de un plan de gestión forestal para los propietarios de montes y masas forestales. La falta de gestión y el estado de abandono de los montes españoles está en el origen de muchos incendios.
La modificación del artículo 37 permite a los propietarios de cultivos de pino y eucalipto gestionar estos cultivos como crean conveniente, sin estar condicionados por ningún tipo de reglamento y sin rendir cuentas a ninguna autoridad. Las zonas ocupadas por cultivos forestales de crecimiento rápido, por ser estos mayoritariamente de especies de las llamadas pirófitas, son precisamente las que más control requieren; son las más propensas a incendiarse y además las que mayor impacto tienen en la naturaleza (pérdida de biodiversidad, desertificación, acidificación del suelo).
El anteproyecto cede a las Comunidades Autónomas la decisión de prohibir o no la circulación de vehículos a motor fuera de las zonas de servidumbre. Hasta ahora había un veto general, para evitar el uso indiscriminado de vehículos todoterreno dentro de las zonas forestales, con el consiguiente deterioro ambiental que esto conlleva.
El balance general de las modificaciones previstas en la actual ley de Montes es, para Ecologistas en Acción, claramente perjudicial para los intereses de la ciudadanía, por lo que pide expresamente que no sean llevadas a cabo.
