El MAGRAMA propone excluir más de 200 especies, principalmente eliminando la lista de especies exóticas con potencial invasor, y elimina de un plumazo la obligación de tener que consultar sus decisiones con el comité científico. Por otro lado, con la nueva normativa se mantienen actuaciones que favorecen la introducción de especies exóticas en el medio natural.
En tan sólo una década, los costes del control y erradicación de las principales especies vegetales exóticas en España han superado los 50 millones de euros, y esto solo es una pequeña parte de lo que nos costará eliminar el problema que ocasionan las especies exóticas invasoras. Como ejemplo del impacto socioeconómico que estas invasiones provocan se pueden citar los costes del control del jacinto de agua (Eichhornia crassipes), que sigue vendiéndose en las pajarerías, en la Cuenca del Guadiana, que han superado los 21 millones de euros; según la Confederación Hidrográfica del Ebro el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) ya ha ocasionado unos daños valorados en más de 19 millones de euros y estima que superarán los 110 millones de euros en los próximos años; o los costes sociosanitarios para controlar, erradicar y paliar los efectos del mosquito tigre (Aedes albopictus) en Cataluña, donde la Generalitat destina anualmente cientos de miles de euros.
Una de las propuestas es reducir la prevención, eliminando el listado de especies potencialmente invasoras, cuando la prevención frente a la invasión de estas especies es la estrategia más recomendable por ser la más rentable y preferible para el medio ambiente, ya que cuando una especie invasora está instaurada, los costes destinados a su erradicación son muchísimo mayores. En este sentido la Unión Europea ha contemplado este problema en su Estrategia de Biodiversidad para 2020.
Para solucionar este asunto, de acuerdo con los principios orientadores del Congreso sobre Diversidad Biológica, la Comisión Europea recomienda un enfoque preventivo, que tenga en cuenta el principio de precaución y se base en la pronta detección y la erradicación, junto con la contención y medidas de control a largo plazo. Este enfoque se debe aplicar no solo a las nuevas introducciones, sino también a la gestión y erradicación de las especies invasoras ya establecidas, y debe reflejar un consenso científico y político, que tenga en cuenta que es preferible la prevención desde los puntos de vista económico y ecológico a la adopción de medidas una vez las especies ya están introducidas.
Otra de las propuestas ha sido eliminar la obligatoriedad de consultar a un Comité Científico para tomar decisiones a este respecto y que las decisiones de este órgano consultivo no sean vinculantes. Además pretenden eliminar la Lista de especies exóticas con potencial invasor y sobre las que hay que realizar una labor preventiva con el fin de prevenir su posible expansión.
ONG
SEO/BirdLife, WWF-España y Ecologistas en Acción consideran que el MAGRAMA ha cedido a intereses de las comunidades autónomas y de determinados sectores económicos, permitiendo mantener acciones como sueltas de especies alóctonas invasoras, la comercialización de especies invasoras como el cangrejo rojo o retrasando la prohibición de venta del galápago de Florida. En definitiva, para dar respuesta a estos intereses, que afectaban a menos de 10 especies, el Ministerio ha actuado de forma desproporcionada, irreflexiva e irresponsable eliminando el control sobre cientos de especies y poniendo en riesgo el patrimonio natural y económico de España.
