El pasado 13 de noviembre la Consejería de Agricultura y Ganadería publicaba un anuncio por el que se convocaba una licitación pública, mediante procedimiento de Libre Acceso, de un contrato que tiene por objeto el "Suministro de Productos Rodenticidas para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)".
El 2 de diciembre se publicó el anuncio de las dos empresas que se encargarán de dicho suministro, Ibysan Productos Sanitarios Auxiliares, S.L y Química de Munguía, S.A que suministrarán 48 toneladas de cereal envenenado con rodenticidas y que se unen a los adquiridos en años anteriores. Esta distribución indiscriminada por las tierras de Castilla y León, y sin las medidas de precaución necesarias ha supuesto en años anteriores una gran mortalidad de especies que no eran objeto del control.
Sorprende además que la Junta de Castilla y León emprenda ahora un gasto de 190.000€ para adquirir este veneno cuando en el año 2012 ya se habían adquirido por el ITACYL 38 toneladas de cebos con bromadiolona y que no fueron utilizadas al no declararse finalmente la plaga de topillo campesino. Estaríamos por tanto ante la posibilidad de que desde la Junta de Castilla y León se esté preparando un envenenamiento masivo del medio natural con la utilización de más de 86 toneladas de raticidas.
El uso de rodenticidas tiene efectos muy perjudiciales sobre las aves rapaces, mamíferos carnívoros y cualquier animal que pueda entrar en contacto con el cebo, incluyendo especies cinegéticas como liebres y palomas, perdices o conejos.
Además, la aplicación de rodenticidas supone riesgos para la salud, como la expansión de la tularemia o la intoxicación del ganado ovino que consuma el cereal tratado con rodenticidas. Ya durante la plaga de 2007 se tuvo que prohibir el consumo de pichones en Palencia, al detectarse centenares de palomas intoxicadas con clorofacinona.
Otro riesgo posible que ponen de manifiesto conservacionistas y cazadores es el de generar poblaciones de roedores resistentes a los tratamientos químicos, suponiendo a largo plazo que cualquier medida de control químico resultase ineficaz.
La ineficacia de estas medidas de control se constató en las anteriores campañas de envenenamiento que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en las que invirtió hasta 16 millones de euros. Aún así, tuvo que pagar otros 9 millones en compensaciones por daños, y no ha evaluado la eficacia real de las medidas hasta ahora. Por tanto, podría repetirse la misma situación de derroche y despilfarro.
Quemas de linderos y cunetas
Las quemas que se están produciendo en algunas zonas de Castilla y León, promovidas y autorizadas por la propia administración, son medidas completamente ineficaces para combatir la proliferación de topillos. Además, tienen efectos adversos para la biodiversidad, al destruir el hábitat de reproducción, alimento y refugio de especies silvestres que pueden contribuir al control natural de plagas. Asimismo, aumentan el riesgo de erosión y de incendio y fomentan la eliminación de microorganismos beneficiosos para el suelo.
La destrucción o deterioro de las áreas de reproducción está prohibido por la Directiva de Aves, el Convenio de Berna y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y sólo puede llevarse a cabo bajo un régimen de excepciones que no se está cumpliendo en estos casos. Por ello, las quemas autorizadas podrían acarrear graves sanciones.
La grave situación que se está planteando para la conservación del medio natural en Castilla y León será expuesta por las organizaciones conservacionistas al Ministro Miguel Arias Cañete en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que se reúne hoy miércoles.
