En concreto, se oponen al Plan porque no pretende asegurar la conservación de la especie en Castilla y León, ni garantizar la coexistencia del lobo con las actividades humanas. Además, el documento no cumple con las directivas europeas, carece de rigor científico y se orienta excesivamente a la explotación cinegética de la especie.
Organizaciones ecologistas muestran su rechazo al Plan del lobo, sometido recientemente a información pública por la Junta de Castilla y León, porque consideran que incumple la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que obliga a garantizar el estado de conservación favorable de esta especie protegida.
También rechazan el documento por falta de rigor científico a la hora de realizar el censo de la población en la Comunidad Autónoma y, en tercer lugar, por contemplar la caza como principal medida de gestión y no desarrollar otras mucho más eficaces y fundamentales para garantizar la coexistencia del lobo con el ser humano.
Recuerdan que uno de los principales avances de la Directiva Hábitats es que establece la base para la conservación de las especies y hábitats naturales, integrando actividades humanas como la ganadería extensiva con la protección del lobo. Esta coexistencia es posible con herramientas de prevención que reduzcan los ataques, apostando por medidas como los perros guardianes, cerramientos o pastores eléctricos, además de fomentar la investigación y el desarrollo de nuevo métodos de prevención, y que se mantengan y mejoren las indemnizaciones por posibles daños a los ganaderos.
Estas medidas de prevención propuestas por las organizaciones conservacionistas chocan con la insistencia de la Junta en proponer medidas de control cinegético en el desarrollo del Plan de conservación y gestión del lobo. Para las ONG, esta medida no es la solución y recuerdan que existen varias zonas en los territorios al norte del Duero donde la especie ya se caza, sin que ello suponga que no haya conflictos.
También rechazan que la Junta siga insistiendo en los ?controles poblacionales al sur del Duero?, donde la especie está estrictamente protegida por las leyes españolas y europeas, en lugar de apostar por otras medidas de gestión, y califican este ?control poblacional? como eufemismo de eliminación, algo que de acuerdo a la normativa se podría producir solo en circunstancias excepcionales, justificando con datos científicos la medida, y siempre que no existiese otra solución satisfactoria.
Las organizaciones advierten, además, que no hay ninguna voluntad y no se propone ninguna medida para reducir la mortalidad ilegal de la especie, que puede llegar a alcanzar el 50% de los lobos que son abatidos. Asimismo señalan la falta de interés de la Junta por coordinar esfuerzos y actuaciones con otras CCAA y países vecinos para facilitar la expansión de la especie hacia el sur y oeste, como obliga la UE.
Por último, lamentan que este nuevo Plan no se basa en ningún estudio científico fiable, puesto que se refiere al censo de 2001, y se marca como objetivo mantener el número de manadas en 149, que son las censadas hace trece años. Sin embargo, al mismo tiempo, habla de un crecimiento de la población del 37%, utilizando una metodología de censo poco científica y no comparable con los censos anteriores, lo que supondría la existencia de más de 200 manadas. Para las ONG, este baile de cifras indica que pretende reducir la población de lobo en la región, lo que tachan de ?inaceptable?.
