La Ligue pour le Protection des Oiseaux (LPO) ha informado de que Benigno fue encontrado en una cuneta del ferrocarril que une Bayona y San Juan de Pied de Port, cerca del pueblo de Ossés, en los Pirineos franceses, el día 24 de noviembre y murió, a causa de sus heridas, el día 26.
LPO y SEO/BirdLife forman parten de BirdLife International, una coalición de ONGs de conservación especializadas en aves que cubren 121 países y tiene millones de socios y simpatizantes.
Según ha informado la LPO, fue el centro Hegalaldia, de recuperación de fauna silvestre, el primero en ser avisado y el que consiguió recuperar al ave de la hipotermia que sufría. Sin embargo, pese a los cuidados dispensados, Benigno murió dos días después.
La dispersión de los plomos indica, según la nota de prensa de LPO, que el disparo se produjo a unos 40 metros de distancia, por lo que la posibilidad de que se trate de un accidente es despreciable.
Según LPO, el departamento de los Pirineos Atlánticos, en el Sur de Francia, tiene el récord de estas aves muertas por disparo. Para SEO/BirdLife, la muerte de este ejemplar muestra el peligro al que se enfrentan especies amenazadas como el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), una de las grandes aves carroñeras de nuestra fauna, cuya población es muy escasa y cuya situación de conservación es muy delicada.
Se da la circunstancia de que el ejemplar tiroteado había sido capturado y marcado en la comarca de la Jacetania (Huesca) dentro del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos desarrollado por el Gobierno de Aragón en coordinación con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). Benigno recibió ese nombre, curiosamente, en homenaje al conocido naturalista español Benigno Varillas, que estuvo presente durante su anillamiento en los Pirineos.
Este delito puede ser castigado con 15.000 euros de multa y un año de prisión en Francia. SEO/BirdLife, LPO, FCQ, Hegalaldia y Saiak lamentan este acto escandaloso contra fauna amenazada. Si esta muerte se hubiera producido en España, el código penal establece que el castigo podría llegar a ser hasta de dos años de prisión e inhabilitación de cazar o de ejercer la profesión de hasta cuatro años.
