Las ONG ambientales ACENVA, ASCEL, ANP, Ecologistas en Acción, GREFA, SEO/BirdLife, SECEM y WWF España, critican la falta de transparencia de la Consejería de Agricultura, que no ha publicado resolución alguna que autorice el reparto de veneno, ni las condiciones de uso o las zonas autorizadas. Además, la Consejería no ha hecho público los supuestos datos de seguimiento que avalan esta decisión. Por ello, las ONG están estudiando medidas legales y recorrerán las zonas tratadas con veneno para hacer un seguimiento de la aplicación y de sus efectos sobre el medio.
Las ONG denuncian que se trata de una medida desproporcionada y peligrosa, que no se justifica con ningún dato oficial aportado por la Consejería sobre la población de topillos. Por el contrario, los datos recogidos por las ONGs señalan que las poblaciones se han reducido mucho desde diciembre en distintas zonas, de manera que no se conocen invasiones preocupantes del cereal en Castilla y León, incluyendo las zonas donde en otoño había densidades más altas. Pese a ello, se sigue acudiendo al veneno a sabiendas de los importantes daños que puede causar. Tanto es así que en varias localidades los agricultores se han negado a usarlo. En esta situación consideran que el uso de veneno parece responder más a criterios de rentabilidad política y electoral que a criterios técnicos.
Las ONG ambientales también critican la opacidad e ilegalidad del proceso. El pasado martes día 18 de marzo, el Director General de Producción Agraria informó a las ONG de que, en vista de la evolución a la baja de las poblaciones de topillos, el reparto de veneno se limitaría a 12 municipios en cuatro comarcas y de que estimaban que sólo se iban a utilizar 50 kg de veneno para tratar 25 hectáreas en toda la región.
Sin embargo, estos datos chocan con la información transmitida por los medios de comunicación. Sólo el mismo 18 de marzo la propia televisión regional, informaba que en la localidad de Villalcázar de Sirga se estaban repartiendo 200 kg de veneno, destinados a 2.500 hectáreas, mostrando imágenes de un saco de producto en posesión de los agricultores. Ante estas informaciones las ONG solicitamos de forma reiterada datos por escrito de los municipios en los que se ha repartido el veneno, el número de parcelas y la cantidad de rodenticida repartido, sin recibir una respuesta.
En este mismo sentido, las ONG denuncian que la Consejería de Agricultura no ha aportado datos ante ninguna de las reiteradas peticiones de información realizadas, la última de todas hace un mes cuándo solicitaron los informes sobre la evolución de los resultados de los censos oficiales de topillos desde diciembre hasta febrero, y las metodologías de censo empleadas. Esta ocultación es un hecho muy grave que resulta incompresible en una sociedad democrática.
Los grupos conservacionistas denuncian también la ilegalidad que supone que la Junta de Castilla y León no haya publicado las resoluciones en las que se ha autorizado el reparto y las condiciones de utilización del veneno, ni las zonas donde se va a autorizar el uso de acuerdo a los seguimientos y censos de topillos. Al no haberse producido esta publicación la Consejería de Agricultura está impidiendo cualquier fiscalización legal o pública de un acto administrativo de tanta trascendencia, pues no se puede olvidar la gran peligrosidad sanitaria y medioambiental del veneno que se está utilizando.
Por último las ONG anuncian que se están organizando para hacer un seguimiento de las zonas donde ya se sabe que se están haciendo tratamientos y conocer los efectos del veneno, pues aunque se cumpla la aplicación en las huras los envenenamientos de especies silvestres están asegurados. Recientemente en Francia se documentó el envenenamiento de numerosos milanos reales, pese a que el veneno se utilizó dentro de los túneles de los roedores y en 2008 en Castilla y León (cuando se metió el grano con Bromadiolona en tubos) se comprobó una fuerte disminución de liebres, zorros y lechuzas entre otras muchas especies.
