Este gran avance en la conservación de la biodiversidad europea es también una magnífica oportunidad para impulsar el mantenimiento del mundo rural. Por ello, es imprescindible que los Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA), de Hacienda y Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas incluyan la financiación de la Red Natura 2000 en la programación de los fondos europeos y que impulsen la aprobación de los planes de gestión de estos espacios.
Para WWF, la creación de la Red Natura 2000 hace más de veinte años constituye un gran hito para la conservación de la biodiversidad, ya que tiene por objetivo prioritario conservar lo más representativo del patrimonio natural europeo. España cuenta con casi el 30% de su superficie terrestre incluida en la red y este año se ampliará la parte marina hasta el 8% de las aguas españolas, y el compromiso del Gobierno es alcanzar el 10% de protección marina para 2020.
Sin embargo, la Red Natura 2000 adolece de dos graves problemas que ponen en peligro su futuro. El primero es el retraso en la aprobación de los planes de gestión y el segundo la falta de una financiación adecuada. Ambos están muy relacionados entre sí y necesitan de acción política para su solución.
Para WWF, es inaceptable que 20 años después de la creación de la Red Natura 2000, aún pueda considerarse una red de espacios sobre el papel. Tanto es así que en 2012 (fecha tope fijada por la legislación europea) solo el 11% de los espacios Red Natura contaba con el obligatorio plan de gestión, por lo que es imposible que se cumplan los objetivos de conservación por los que fueron declarados y que aporten servicios ambientales al conjunto de la sociedad.
Desde 2012 y en parte consecuencia de las denuncias continuas de organizaciones como WWF, el porcentaje de espacios naturales con planes de gestión se está incrementando rápidamente gracias al esfuerzo de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, WWF recuerda que dichos planes deben ser adecuados, ya que no sirve de nada aprobar instrumentos de gestión que no se ajusten a lo que exige la directiva europea y a las necesidades ambientales, tal y como ya ha ocurrido con los casos de Andalucía y Canarias. Además la organización reclama que en este proceso de aprobación es imprescindible garantizar la adecuada participación de la sociedad civil.
La organización también recuerda que conservar en buen estado nuestros hábitats y especies de interés europeo no es únicamente una obligación legal como estado miembro. Además, es garantía para que la sociedad pueda aprovechar los beneficios ambientales que aportan estos espacios, como la protección frente a sequías, inundaciones, plagas o la conservación de recursos como el agua, especies polinizadoras o cinegéticas, así como lugares para el ocio y el deporte. De hecho, estos servicios provistos por la Red Natura 2000 en toda Europa están valorados en 200.000–300.000 millones euros al año por la Comisión Europea.
Para garantizar su gestión, la financiación de la Red Natura 2000 debe ser también una prioridad para el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio ambiente y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como para las CCAA. En este sentido, el momento actual de programación de los Fondos Europeos es clave para poder destinar dinero de los fondos FEADER, FEDER y FEMP a buenas prácticas agrarias, forestales y pesqueras, así como a infraestructuras verdes compatibles con la conservación. Solo de este modo, se estará haciendo un uso responsable de los fondos europeos aplicando la máxima de ‘fondos públicos’ para ‘bienes públicos’.
Gema Rodriguez, Responsable de Red Natura en WWF España solicita a la administración nacional y regional que se incluya de forma adecuada la financiación de RN2000 en el Acuerdo de Asociación (1), documento que sienta las bases para la distribución de los fondos europeos, en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y en los Programas de Desarrollo Rural y Programas Operativos, de FEADER y FEDER en las CCAA’.
(1) Acuerdo de Asociación: documento de carácter estratégico, elaborado por cada Estado miembro de la UE, que expone la estrategia y prioridades de inversión de los Fondos de la Política de Cohesión (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) para el período 2014-2020. Este documento es revisado y aprobado por la Comisión Europea y debe contar con un amplio consenso de todas las partes involucradas y dé respuesta a los retos y necesidades reales de los diferentes colectivos, teniendo en cuenta los aspectos transversales como: la igualdad, no discriminación, los colectivos en riesgo de exclusión o pobreza, el envejecimiento de la población, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
