Como estimaciones preliminares de la Cumbre sobre el Clima, que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo que los costos económicos del cambio climático se ubican en torno a 2,5% del PIB anual regional. Esto es en caso de que la temperatura aumente en 2,5 grados centígrados respecto al promedio histórico.
Ya se registran variaciones en los niveles de temperatura y en los patrones de precipitación en la región. Los mayores riesgos se concentran en la agricultura, la disponibilidad de agua, la conservación de bosques, la pérdida de biodiversidad, la salud de la población, el turismo en zonas costeras y la reducción de la pobreza rural.
Según el organismo, el desafío más apremiante para Latinoamérica es la adaptación al cambio climático. Los costos anuales de adaptación para América Latina y el Caribe han sido estimados en cerca de 0,5 % del PIB regional. Ejemplos destacados de la urgencia de la adaptación son las inundaciones que las lluvias ocasionaron en el norte de Colombia.
Carlos Lozano, investigador asociado de la Universidad Nacional en Colombia, dijo que en su país hay dos tipos de retos respecto al cambio climático: la mitigación y la adaptación y que ambos se complementan de manera dinámica.
El experto afirmó que “Colombia no puede aportar mucho en el tema de la mitigación como los países desarrollados porque el país no emite muchos gases de efecto invernadero (GEI). Aunque redujéramos nuestra emisión a 0% seguiríamos sintiendo los efectos en el clima que no conoce fronteras y cambia en una escala global. Por esto, se acentúa la importancia de la adaptación”.
Lozano dijo también que Colombia cuenta con una historia de desastres naturales por su geografía pronunciada y por los efectos acumulados de los impactos que ha habido. Entre estos entran la sequía, los derrumbes, las inundaciones, entre otros.
El analista agregó que el cambio climático es una cuestión transversal que no debe interesar solo a las autoridades ambientales, como el Ministerio del Medio Ambiente, sino a todas.
“Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda podría promover incentivos tributarios y tributación, el Ministerio de Agricultura podría realizar actividades de reconversión productivas y el Ministerio de Minas y Energía podría implementar medidas que respeten la protección de ecosistemas claves para la mitigación”, dijo.
