COP25, atasco en la regulación de los mercados de CO2

La Cumbre del Clima (COP25), que se celebra en Madrid hasta el viernes, ha encallado en el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París, es decir, en los sistemas por los que se intercambian unidades o derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) entre países y entre empresas.

Y, según alertaban algunos negociadores este martes, se corre el riesgo de que de nuevo se posponga el desarrollo de este punto otro año ante la imposibilidad de poner de acuerdo a los casi 200 países que participan en la cumbre.

A pesar de que esta COP25 es de transición, tenía dos objetivos: uno político —lograr que los países se comprometan a presentar planes de recorte de emisiones más ambiciosos— y otro técnico, esto es, culminar el desarrollo del Acuerdo de París con, entre otros asuntos, la regulación de ese artículo 6.

En apariencia, podría pensarse que se trata de un asunto técnico secundario, pero el desarrollo de este apartado —que ya embarrancó hace un año en la COP que se celebró en Katowice (Polonia)— puede ser un arma clave para ayudar al recorte de emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento del pacto climático.

Porque, como ha recordado este martes la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, el artículo 6 “es la única parte del Acuerdo de París que involucra directamente al sector privado”. Lo ha dicho en el acto de apertura de las sesiones de alto nivel de la cumbre.

COP25

Durante los primeros días de la COP25 han estado negociando los equipos técnicos, pero no se ha avanzado lo suficiente: “Todavía quedan asuntos por resolver, muchos corchetes en los textos”, explicaban fuentes de la negociación. Desde este martes las conversaciones incluyen a los ministros, que tendrán que intentar llegar a un pacto pese a las diferencias.

La presidencia de la COP25, que ostenta Chile, ha designado a los ministros de Medio Ambiente de Suráfrica y de Nueva Zelanda para coordinar la negociación para alcanzar un consenso sobre el desarrollo del artículo 6.

El debate se centra en las conocidas como unidades de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto. Con aquel pacto —que data de 1997 y será sustituido por el Acuerdo de París a partir de 2020— se creó el comercio de derechos de emisiones a través del intercambio de unidades entre países y entre empresas.

Esas unidades hacen referencia a los ahorros de CO2 que determinados proyectos logran. Por ejemplo, un plan de reforestación de un bosque que actúa como sumidero contribuye a que no se emita una cantidad concreta de CO2. Ese ahorro se certifica y se cuantifica en toneladas de dióxido de carbono y un país —o una empresa— pueden adquirir las unidades para cumplir con sus compromisos de recorte de gases.

De Kioto a París

La batalla que se está librando ahora en la COP se refiere a las unidades que se han generado durante el periodo de vigencia del Protocolo de Kioto.

Un grupo de países, encabezados por Brasil, quieren que esas unidades puedan seguir empleándose para que los países cumplan sus compromisos adquiridos dentro del Acuerdo de París a partir de 2020. Pero la mayoría de Estados lo descarta al entender que los planes suscritos bajo el paraguas de París se refieren a recortes nuevos a partir de la próxima década.

Kelly Levin, experta del Instituto de Recursos Mundiales (WIR, sus siglas en inglés), recuerda que un reciente estudio situaba en 4.000 millones las unidades sobrantes que podrían quedar del Protocolo de Kioto. Es decir, ahorros equivalentes a 4.000 millones de toneladas de CO2. Y uno de los países que más unidades acumula es, precisamente, Brasil.

Doble contabilidad

El otro gran punto de fricción se refiere a la doble contabilidad. Kioto dividió al mundo en dos: los países desarrollados obligados a recortar sus emisiones y los países en desarrollo, que no estaban obligados a ello. Es decir, había claros compradores y vendedores de unidades.

Sin embargo, el Acuerdo de París iguala a todos: cualquier país que firme el pacto debe presentar planes de recorte de las emisiones. Y la cosa se complica.

Porque, según la mayoría de los países que negocian en Madrid, se debe crear un mecanismo robusto para evitar la doble contabilidad, es decir, que una misma unidad no pueda ser utilizada en el plan de recorte de emisiones del país donde se desarrolla el proyecto que lo respalda y del país que adquiere esa misma unidad. De nuevo, resaltan fuentes de la negociación, Brasil es el país que más problemas pone al desarrollo de esos mecanismos para evitar la doble contabilidad.

En lo que sí se ha conseguido avanzar, exponen las fuentes consultadas, es en la creación de una tasa a las transferencias de derechos de emisiones, fundamentalmente, entre empresas. Los fondos recaudados se destinarían a ayudas a los países con menos recursos a adaptarse a los impactos de un calentamiento global que ya se considera irreversible.

Fuente: MANUEL PLANELLES / EL PAÍS,

Artículo de referencia: https://elpais.com/sociedad/2019/12/10/actualidad/1576005710_560333.html,