Diferencias en el debate de la ley de Cambio Climático
España empieza a debatir su transición energética entre profundos desacuerdos sociales. Más de 400 entidades cívicas (reunidas en la Alianza por el Clima) han pedido al Gobierno que la Ley de Cambio Climático y de la Transición Energética, cuyo contenido empezará a ser debatido este jueves y viernes por los diversos actores sociales, incorpore medidas de fiscalidad ambiental.
Estas entidades reclaman que la Ley incluya objetivos ambiciosos sobre reducción de emisiones de gases para el año 2030 y establezca una estrategia española “para lograr la plena descarbonización de la economía para el 2050”, en palabras de Laura Martín Murillo, directora de la Fundación Renovables, una de las entidades de la Alianza. En cambio, los ministerios implicados (Agricultura y Medio Ambiente, y Energía) no enseñan las cartas y no aclaran cuál será el papel que deben tener las energías renovables ni si habrá nuevos impuestos para las actividades de más impacto climático.
El futuro contenido de la Ley de Cambio Climático -que echa a andar en su fase de debate social antes de que llegue el proyecto correspondiente a las Cortes- tiene como finalidad garantizar que España pueda cumplir los acuerdos suscritos en la UE relativos al plan sobre energía y clima, con la finalidad de reducir las emisiones de gases y cumplir el Acuerdo de París contra el cambio climático. (En conjunto, la UE debe disminuir sus emisiones un 40% en el 2030 respecto al 1990).
Diversos países europeos han elaborado ya esta legislación para garantizar estos objetivos adquiridos. Pero España corre el riesgo de hacer sus deberes tarde. Según el reparto de esfuerzos alcanzado en la UE en octubre del 2014, deberá reducir sus emisiones en las actividades generales o el llamado sector difuso (edificación, transporte, residuos, agricultura…) un 26% en el 2030 respecto al año 2005.
Una trayectoria negativa
Laura Martín Murillo destaca que la trayectoria reciente de las emisiones de gases indica que se ha dado una estabilización y la senda prevista marca una ligera disminución para el 2030 (del 11% respecto al 2005), por lo que es urgente tomar medidas para poder atender las promesas hechas en la comunidad internacional. “Hay que empezar ha hablar ya de la descarbonización plena de la economía para el año 2050”, resalta Laura Martín.
Estas entidades se han mostrado muy críticas sobre el proceso participativo para aprobar la ley de Cambio Climático establecido por el Gobierno (y recomendado por la UE), y que abre hoy jueves el presidente Mariano Rajoy. “Hemos pedido que este proceso participativo sea equilibrado, transparente y que se dedique suficiente tiempo al debate. Pero el modo impuesto no permite hablar de objetivos, ni de fiscalidad y solo son cinco sesiones de dos horas en las que hablaran nada más y nada menos que 70 personas”, se queja.
