Los presupuestos de carbono se definen como la cantidad de carbono que puede emitir una economía durante un periodo de tiempo determinado, introduciendo los mecanismos adecuados para que el límite fijado no se sobrepase. El departamento elaboró y publicó a finales del 2011, un documento conceptual sobre presupuestos de carbono.
Lo novedoso de este nuevo concepto es que los objetivos de las políticas públicas de cambio climático no son asumidos únicamente por una Administración o por un solo Departamento, sino que mediante el reparto de la carga entre todos los agentes públicos que operan en la Comunidad -en función de sus competencias e influencias sobre los diferentes sectores emisores- se logra de forma más efectiva el objetivo común.
Para poder elaborar ese reparto, se ha desarrollado una herramienta para el cálculo de los presupuestos de carbono en la CAPV denominada Zatitu. Esta herramienta parte fundamentalmente del inventario de gases de efecto invernadero de la CAPV, de las Matrices de Contabilidad Ambiental Incluyendo Cuentas Ambientales (NAMEA, por sus siglas en inglés) y de un análisis de las diferentes competencias de las administraciones públicas implicadas.
La aplicación de Zatitu a los datos del último año disponible en términos de emisiones de GEI (2010) dan como resultado una aproximación al peso que las diferentes administraciones públicas involucradas pueden tener en la consecución de un futuro objetivo de reducción de emisiones de GEI. La misma metodología podría aplicarse sobre objetivos de limitación de emisiones en el futuro.
Este primer ejercicio muestra que más del 80% de las emisiones de GEI serían competencia del Gobierno Vasco, aproximadamente un 11% de las Diputaciones Forales y alrededor del 5% de la Administración Central del Estado en el País Vasco.
Dentro del reparto interno por Departamentos, alrededor del 50% de las emisiones serían responsabilidad del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte. Algo más del 35% correspondería al de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. Por último, el 12% se imputaría al de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
