Cuando un Estado decide sumarse al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático debe presentar un plan nacional de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero con objetivos concretos. En las negociaciones climáticas, Europa funciona como un bloque, como un solo país, y el recorte al que se comprometió la UE en su conjunto para 2030 –la primera parada del pacto de París– es de un 40% respecto a los niveles de 1990.
El compromiso del 40% –y algunas grandes líneas– fue acordado por los Veintiocho y la Comisión Europea en 2014. Pero fijar aquel gran objetivo casi fue lo más sencillo.
Durante los más de cuatro años transcurridos desde entonces los Veintiocho, la Comisión Europea y el Parlamento de la UE han tenido que ir acordando, sector por sector, casi industria por industria, los recortes y planes que se deben acometer durante la próxima década para cumplir la meta del 40% en 2030.
Este martes se cerró el último gran bloque que quedaba, el de los recortes que deberán acometer, por primera vez, los camiones y autobuses.
“La UE es el primer gran actor mundial que cuenta ya con una legislación acorde con el Acuerdo de París”, apunta el europarlamentario socialista José Blanco, que ha participado en los últimos años en las negociaciones en nombre del Parlamento Europeo para poner en pie toda esta regulación.
La UE, explica el comisario europeo de Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, “ha completado todo el marco normativo necesario para la consecución de sus objetivos”.
Límites de emisiones
Ese marco incluye límites de emisiones en los llamados sectores difusos (como la agricultura o la vivienda), recortes concretos de CO2 para los coches, furgonetas y camiones, cuotas de implantación de renovables y de eficiencia energética, vetos a las ayudas a las centrales de carbón, una reforma del sistema europeo de comercio de derechos de emisiones…
En definitiva, todo lo acordado abre la puerta a una transformación de la economía europea para eliminar los gases de efecto invernadero cuyo exceso en la atmósfera está calentando el planeta, según la mayoría de los científicos.
Estas normas europeas luego arrastran a tomar medidas concretas, que deben transponer las diferentes directivas y medidas. “Ahora lo que hace falta es vigilar que los países cumplan con lo acordado”, añade José Blanco.
“Son pasos positivos”, dice Florent Marcellesi, europarlamentario de Los Verdes que también ha participado en los llamados trílogos, las negociaciones a tres bandas –Gobiernos, Comisión, Eurocámara– en varios de esos paquetes durante estos cuatro años.
Sin embargo, advierte: “Se necesita más ambición”. “Nos lo están pidiendo los jóvenes en las calles”, dice respecto a las protestas estudiantiles que recorren Europa. “Todo el marco acordado, con los objetivos, debe tomarse como un suelo, como un mínimo”, afirma Marcellesi.
Europa
Cuando Europa se fijó en 2014 el objetivo de reducir un 40% sus emisiones el mundo era otro. No se había aprobado el Acuerdo de París –que data de diciembre de 2015– y tampoco se conocía el informe del IPCC –el grupo de expertos que asesora a la ONU en temas de cambio climático– que alerta que se deben acometer recortes mucho más contundentes de los previstos.
“Y tampoco se había producido el desplome de los costes de las renovables”, apunta además David Howell, experto en políticas climáticas de SEO/BirdLife.
El comisario Arias Cañete admite que la meta ya ha quedado obsoleta. Solo con la implantación de renovables y las medidas de eficiencia aprobadas, dice Arias Cañete, “la UE estaría en condiciones de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en el año 2030, por encima del objetivo acordado del 40%”.
Estos son los objetivos acordados para todos los sectores durante estos cuatro años:
Renovables
En 2030, al menos el 32% de toda la energía final consumida en la UE deberá ser de origen renovable (que no emite gases de efecto invernadero), frente al 17,4% de 2017, el último dato oficial disponible. Y se debe llegar a un 32,5% en eficiencia energética a través de la reducción de la energía utilizada.
Transporte
Los coches europeos deberán emitir en 2030 un 37,5% menos de CO2 que en 2021, y las furgonetas un 31%. Los camiones y autobuses, hasta ahora libres de límites, dejan de estar exentos, y tendrán que rebajar en un 30% el dióxido de carbono que expulsan a la atmósfera en 2030 respecto a 2019.
Sectores difusos
La economía de la UE deberá reducir al menos un 30% en 2030 las emisiones de sus sectores difusos —transporte, residencial, agricultura, residuos y gases fluorados— en 2030 respecto a los niveles de 2005.
En el caso de España, esa reducción deberá ser del 26%. Los llamados sectores difusos suponen alrededor de la mitad de todos los gases de efecto invernadero que expulsa la economía de la UE.
Comercio de emisiones
La otra mitad de esos gases los expulsan unas 11.000 instalaciones –entre centrales eléctricas y fábricas– que están obligadas a participar en el mercado de derechos de emisiones.
Durante años, ese mercado ha sido ineficiente, porque lo que esas instalaciones debían pagar por cada tonelada de CO2 emitida era muy poco. El mercado se ha reformado, el precio de la tonelada se ha incrementado y ya penaliza las formas más contaminantes de producir electricidad, como el carbón.
Ayudas al carbón
Otro de los acuerdos alcanzados afecta a las centrales eléctricas que queman carbón y que reciben los llamados pagos por capacidad (ayudas). Las plantas que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora no podrán seguir recibiéndolas a partir de 2025.
Fuente: MANUEL PLANELLES / ÁLVARO SÁNCHEZ / EL PAÍS,
Artículo de referencia: https://elpais.com/sociedad/2019/02/19/actualidad/1550603196_653159.html,
