Una treintena de multinacionales y medianas empresas españolas han elaborado un manifiesto en el que instan "a los poderes públicos" a que "en 2018 lleguen a un acuerdo que facilite la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética estable, ambiciosa y eficaz". Entre los firmantes están 11 empresas del Ibex35: Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Mafre, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa y Telefónica. También se han sumado otras grandes empresas como Eulen, Ikea, OHL o NH.
Este manifiesto llega en un momento en el que se debería estar gestando esta ley de cambio climático, que el Congreso de los Diputados reclamó por primera vez en 2011 y que Mariano Rajoy prometió en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París.
En el Congreso los partidos llevan meses enfrascados en una comisión para la elaboración de la norma. En el Gobierno, dos ministerios (el de Energía y el de Medio Ambiente) trabajan paralelamente y en una aparente descoordinación. El último desencuentro es reciente. Mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rebajaba las expectativas sobre esta ley y sostenía que habrá que esperar a que la UE desarrolle todo su paquete legislativo de lucha contra el cambio climático, la titular de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguraba este lunes que en breve habrá un borrador de la norma.
Los posibles retrasos en acometer la futura norma preocupan a las compañías firmantes del manifiesto. El documento ha sido coordinado por el Grupo Español de Crecimiento Verde. Su presidente, Valentín Alfaya (de Ferrovial), advierte de que España "necesita una hoja de ruta ya" y que existe "cierta preocupación" en el sector empresarial al considerar "urgente" contar con una norma ya con un suficiente "nivel de ambición".
Pero, ¿por qué este interés de estas grandes compañías en tener esa ley? No es solo una cuestión de conciencia en la lucha contra el cambio climático, sino de inversiones. "Necesitamos conocer esa hoja de ruta para el futuro", explica Alfaya. El sector energético (electricidad y transporte) acumula alrededor del 80% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española. Por lo tanto, es uno de los más afectados en la lucha contra el calentamiento. Y las empresas quieren una hoja de ruta para dirigir unas inversiones que en este sector se planifican con décadas de antelación.
"La mayor parte de los países de nuestro entorno están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono, desencadenando así una revolución a escala global que va a generar enormes oportunidades", sostiene el manifiesto presentado este miércoles. "España está bien posicionada para aprovecharlas, pero se requieren políticas efectivas ya", añade. "Un marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble, permitirá sentar las bases sobre las que construir esa nueva economía", indica el escrito, que pide explícitamente esa ley de cambio climático. "La existencia de ese marco incentivará la inversión privada a medio y largo plazo, acelerando el proceso de descarbonización que necesita nuestra sociedad".
No están todas las compañías
Pese a que el manifiesto está impulsado desde el Grupo Español de Crecimiento Verde (una asociación creada para presionar en materia de políticas de cambio climático), no todas las compañías que forman ese grupo lo han firmado. Por ejemplo, entre las grandes empresas, no lo han apoyado Enagas, Gas Natural, el grupo Santander o La Caixa. Fuentes del sector achacan esa postura a algunas de las medidas concretas que se proponen en el manifiesto. Por ejemplo, en ese escrito se reclama al Gobierno un "calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles".
Los firmantes también proponen que se establezca "un precio al carbono" y se acometa "una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga". O que la ley incluya "objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la UE y el Acuerdo de París". Los firmantes del manifiesto reclaman, además, la creación de "un órgano de la Administración del Estado" que coordine y supervise "el proceso de descarbonización".
