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Las recomendaciones sobre “fracking” forman parte del paquete de medidas sobre clima y energía presentadas este miércoles por el Ejecutivo comunitario. Bruselas justifica la falta de legislación porque se le pidió actuar de forma urgente y las recomendaciones pueden aplicarse de forma más rápida. Se imponen así las tesis de los países más favorables al gas no convencional, como Reino Unido o Polonia, que rechazaban la intervención de la UE.
A diferencia de Estados Unidos, donde la revolución del fracking ha reducido considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros han concedido licencias de prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos trabajos sólo se han iniciado en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido, según los datos de Bruselas.
En Polonia ya se han realizado tests pilotos de producción y el Ejecutivo comunitario cree que la producción podría empezar en 2015-2017 en países como la propia Polonia o Reino Unido.
"El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también es motivo de preocupación entre la opinión pública", ha dicho el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik. "La Comisión está respondiendo a los llamamientos para actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los operadores e inversores la predictibilidad que necesitan", se ha justificado.
En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados miembros a planificar con antelación y evaluar posibles efectos acumulativos antes de conceder licencias, así como a a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos ambientales. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de extracción se ajusta a las mejores prácticas.
El Ejecutivo comunitario recomienda además a los Gobiernos verificar la calidad del suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se planteen. También plantea controlar las emisiones, incluyendo las de gases de efecto invernadero, capturando los gases.
Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción. Finalmente, deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.
Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas sobre las medidas que han puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la actuación de los diferentes países. Y en un plazo de 18 meses revisará si este enfoque es suficiente o se requiere legislación.
