Ulargui ha resumido que la norma principalmente recoge los objetivos europeos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero -un 40% para el año 2030-, “los internacionaliza en el marco nacional y establece los instrumentos y herramientas para facilitar el cumplimiento de los mismos, así como para dar seguimiento y acompasar ese desarrollo bajo en carbono que se planea para 2030 y 2050”.
Facilitar una “transición justa”
“No puede haber ningún sector que no asuma parte del esfuerzo común”, ha agregado, si bien ha admitido que “no todos los sectores responden igual”, ni tienen las mismas herramientas para adaptarse a la transición, que deberá ser “justa”. “La transición justa es la oportunidad de impulsar, con políticas claras de empleo, a aquellas personas que se van a quedar fuera en un modelo descarbonizado”, ha señalado en referencia a los seis millones de empleos que se estima se pueden perder con el cambio.
Incentivos y obligaciones
Por un lado, la norma contempla establecer incentivos “para que las empresas y administraciones tengan un plus al actuar en aras de un modelo descarbonizado de aquí a 2050 y dejemos de lado aquellas inversiones que son perjudiciales”. Por otro, ha afirmado que se impondrán igualmente obligaciones de transparencia, así como de recorte de la huella de carbono.
Una señal a largo plazo
Ulargui ha insistido en que la Ley es de “vocación de permanencia”, ya que su valor añadido radica en que da una señal a largo plazo que “no puede ir cambiando con los ciclos políticos” porque, de lo contrario, “perdemos la fuerza de catalizar la acción de las administraciones y la de inversores y ciudadanos”.
Ha destacado que esta “ley paraguas” incluye además del Plan Nacional de Energía y Clima -de obligado cumplimiento por Bruselas- que recogerá el mix energético del futuro y cómo se va a transitar energéticamente, así como un plan de agricultura, de transportes y de residuos que se reunirá bajo el marco de la estrategia de economía circular.
A su juicio, hay todavía un capítulo pendiente que es el cambio en los hábitos cotidianos como nuestra movilidad y nuestra forma de consumir energía, aspectos donde “tendremos que avanzar con independencia del marco legal”.
