Ribera comparecerá así en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso, a petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y del PSOE, para dar cuenta de las principales conclusiones de esta cumbre del clima, celebrada en diciembre en dicha ciudad sudafricana.
El acuerdo tras el debate
Así las cosas, los representantes de los 192 países que asistieron a la cumbre de Durban aprobaron el domingo prorrogar los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto, después de dos semanas de negociación.
Este acuerdo significa que una parte de los países desarrollados tendrán que rebajar sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con el actual Protocolo de Kioto.
No obstante, la cumbre decidió posponer para finales de 2012 la decisión de definir el periodo de tiempo en el que estará en vigor de nuevo el Protocolo de Kioto, ya que el marco temporal estipulado actualmente expira el próximo año.
Sin embargo, la cumbre de Durban consiguió que, por primera vez, los países más contaminantes estén obligados a tomar acciones para reducir sus emisiones y, por ende, ralentizar el proceso de calentamiento global.
Asimismo, acordaron la creación de un fondo para ayudar económicamente a los países más pobres para luchar contra los estragos causados por el calentamiento climático.
Según declaró la propia Ribera al término del mismo: "Se ha vencido el órdago en Durban. Hemos logrado un éxito político de primer orden".
Debate sobre CO2
Posteriormente, la Comisión de Cambio Climático debatirá y votará una proposición no de ley de ERC sobre la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2, para su debate en la Comisión de Estudio del Cambio Climático.
En ella, la diputada Teresa Jorda instará al Gobierno en el Congreso a modificar, en un plazo de cuatro meses, el decreto de 2002 de modo que la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 que tiene carácter obligatorio pase a tener el formato y contenido que dicho decreto prevé para la etiqueta propuesta con carácter voluntario.
Dicho decreto tiene por objeto garantizar que se proporcione a los consumidores información mediante una etiqueta que contenga datos respecto al consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento, con el objetivo de que los consumidores puedan elegir con más elementos.
Se trata, sin embargo, de una etiqueta que no permite la comparación rápida con el consumo y nivel de emisiones de otros modelos. Además, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación del decreto, la etiqueta es poco conocida por el público, según explica.
El mismo decreto crea otra etiqueta que incluye, además de la información de consumo y emisiones, la clasificación por consumo, comparándolo con un valor medio asignado por cálculos estadísticos a los coches con igual superficie y carburante, de entre los puestos a la venta en España por todos los fabricantes.
A esta diferencia con la media, que se expresa en porcentaje, se asigna un color determinado y una letra, desde la "A" (turismos más eficientes, verde más intenso) a la "G" (turismos menos eficientes, rojo más intenso), agrega, al mismo tiempo que aclara que el uso de esta etiqueta es voluntario, aunque presenta ventajas respecto a la etiqueta obligatoria.
"Se trata de una información mucho más visual, que permite la comparación inmediata con otros vehículos, tiene un formato muy parecido al que se usa ampliamente en el etiquetaje de electrodomésticos al que están más familiarizados los consumidores y su carácter comparativo tiene un mayor potencial de generar entre los fabricantes incentivos a la fabricación de modelos más eficientes", añade.
