Según el Comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, la UE presentará el compromiso conjunto de la región de cara al futuro acuerdo tan sólo 20 días después de que Naciones Unidas haya abierto un plazo de ocho meses para que los cerca de 200 países que forman parte de la Convención de Marco de Cambio Climático expresen públicamente qué están dispuestos a hacer para combatir el calentamiento.
La premura en presentar esos compromisos (INDCs por sus siglas en inglés) forma parte de la campaña diplomática recién iniciada por el comisario Arias Cañete para asegurar que al segundo intento -tras Copenhague- de alcanzar un gran acuerdo global de reducción de emisiones, va la vencida, máxime cuando la cita vuelve a celebrarse en la región.
En el marco de esa acción diplomática se sitúan las reuniones que está teniendo esta semana Arias Cañete con el enviado especial de cambio climático del Gobierno estadounidense, Todd Stern; con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo de China, Xie Zhenhua, y con la secretaria general del Convenio Marco de Cambio Climático de la ONU, Christiana Figueres.
Para garantizar que de París salga un acuerdo aceptable, la UE movilizará a 90.000 diplomáticos en 3.000 misiones especiales por todo el mundo para presionar a los estados a que presenten metas nacionales de lucha contra el cambio climático lo más ambiciosas posibles, según anunció la Comisión.
Europa quiere, además, que los ciudadanos sepan que la reunión de la capital francesa es importante y se contribuyan a la movilización de cara al encuentro, para lo cual se celebrará un Día de la Acción Climática en junio, y se pondrá en marcha la campaña "La cuenta atrás para París" cuando falten 100 días para el comienzo de la cumbre.
Pero… ¿Qué va a reflejar la UE en su INDC? Fundamentalmente el objetivo de mitigación ya anunciado para 2030: una reducción de emisiones del 40% respecto a 1990, 27% de generación renovable y la misma cifra en eficiencia energética.
Contendrá también una "breve" explicación de qué acciones van a llevar a cabo sus 28 países miembros para cumplir el objetivo común.
Cada país deberá desarrollar esfuerzos en función de cuanto haya contaminado en el pasado, lo que en el caso de España se traducirá en una reducción de emisiones cercana al 30% para los sectores difusos (transporte, edificación o agricultura) para 2030 respecto a los niveles de 2005.
Esa meta obligará al Gobierno a triplicar esfuerzos en esa materia respecto a la situación actual.
Por otra parte, todo apunta a que la UE no atenderá el principal reclamo de los países más pobres en la última Cumbre del Clima celebrada en Lima: que los ricos detallen en sus compromisos cómo van a contribuir económicamente a la adaptación a la subida del nivel del mar, las inundaciones o el resto de consecuencias que los del Sur van a sufrir por el cambio climático causado por los del Norte.
"La llamada a la acción de Lima" recogió esa petición pero su vaga redacción dejaba abierta la puerta a que los países desarrollados incluyeran meras referencias a cómo iban a financiar la adaptación, y parece que esa es la opción que tomará la UE, que nunca se ha negado a contribuir en esta materia pero prefiere tratarla por otras vías.
En las negociaciones de cara a París, Europa actúa en coalición con AILAC (la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe) de la que forman parte los países con objetivos más ambiciosos en materia de cambio climático en la región como Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Panamá o Guatemala.
La UE sigue apostando porque el acuerdo de París adopte la fórmula de legalmente vinculante para asegurar que todos cumplen, y este fue uno de los principales temas que Arias Cañete trató en su reunión con Stern en Washington, en la que el segundo le planteo una fórmula "más flexible" para que EEUU pueda ratificarlo sin necesidad de pasar por el Congreso, de mayoría republicana.
Fuentes de la delegación norteamericana en las negociaciones climáticas confirmaron que Estados Unidos presentará su compromiso nacional a Naciones Unidas en el mes de marzo, siete meses antes de que expire el plazo.
