Asimismo, recoge como prioridades la protección del paisaje, la mejora de la gobernanza y la participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas ambientales.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha señalado que la nueva planificación, que se adapta a la normativa vigente y al nuevo escenario financiero, apuesta por la economía sostenible para garantizar "la satisfacción de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras".
Cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el PMA recoge un presupuesto inicial de 1.661 millones de euros para 2012 y 2013, que son las dos últimas anualidades del marco de apoyo comunitario en vigor, mientras que el resto hasta 2017 queda pendiente de la aprobación de las nuevas cuentas de la Unión.
Los proyectos previstos para los dos primeros años conllevarán la generación de 38.826 empleos. De ellos, 26.860 corresponderán a los ámbitos de la gestión sostenible del medio natural y de los recursos hídricos.
El PMA, cuyo desarrollo implicará a siete consejerías del Gobierno andaluz, se estructura en torno a seis grandes áreas: medio natural, recursos hídricos, sostenibilidad urbana, integración ambiental de la actividad económica, información ambiental y mejora de los servicios administrativos.
El documento se completa con el diagnóstico de la situación actual y la detección de nuevas necesidades, la evaluación de los resultados del anterior plan y las medidas de carácter horizontal.
El bloque con mayor dotación económica es el de gestión del medio natural, con 629,91 millones de euros y una previsión de 16.577 puestos de trabajo asociados durante los próximos dos años. En esta área se incluyen cuatro grandes programas: conservación de la biodiversidad y geodiversidad, espacios naturales, uso público y gestión forestal. Entre los principales proyectos previstos destacan los relativos a gestión forestal (78,61 millones de euros); extinción de incendios (89 millones) y forestación de tierras agrarias (43,58 millones).
La gestión de los recursos hídricos contará con unas inversiones de 555,83 millones de euros y un empleo asociado de 10.293 puestos. Las prioridades en este capítulo se dirigen a las obras de saneamiento y depuración (134 millones de euros); abastecimiento de agua potable (87 millones) y mejora de las infraestructuras hidráulicas (61,1).
El área de la sostenibilidad urbana, con 275,02 millones de euros y 6.396 empleos, se centra en los programas de calidad ambiental del medio urbano y en la promoción de modelos de movilidad sostenibles, con especial atención al refuerzo de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas y al fomento de las conexiones por ferrocarril.
Modelo productivo
Para el bloque de integración ambiental de la actividad económica, el PMA consigna una partida de 130,44 millones de euros con el doble objetivo de reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y propiciar un modelo productivo más sostenible y compatible con la conservación de los recursos naturales.
El plan prioriza el apoyo al sector de bienes y servicios medioambientales y a actividades de gran potencial de crecimiento y empleo relacionadas con la eficiencia energética, la construcción basada en criterios bioclimáticos, la movilidad sostenible o la gestión de residuos. Actualmente, Andalucía cuenta con 98.661 puestos de trabajo asociados a estos sectores, una cifra que supone el 18% del denominado "empleo verde" en España y que se prevé duplicar en el año 2020 hasta superar los 210.000.
Entre los principales programas dentro de este capítulo destacan los referentes al fomento de las energías renovables; innovación en tecnologías limpias; buenas prácticas en la industria y en la agricultura; promoción de la certificación de en calidad medioambiental como elemento de competitividad; modernización de regadíos; reducción de emisiones contaminantes; apoyo a la producción agraria ecológica; gestión de residuos; formación para el empleo, e iniciativas de turismo sostenible en espacios naturales.
El plan aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con los capítulos dedicados a la información ambiental (18,33 millones de euros) y a la mejora de la gobernanza, la participación ciudadana y los servicios administrativos (5,19 millones de euros).
