La noticia, en cuanto a la elaboración de un plan para que España se encamine hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -la agenda que debe guiar la acción internacional hacia un mundo más justo y próspero en 2030-, es que no hay noticia. No hay plan. Este 25 de septiembre se cumplen dos años de su aprobación en la sede las Naciones Unidas en Nueva York y España estaba allí para comprometerse.
Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué se plantea hacer para lograr los retos que afectan al país como reducir la desigualdad, alcanzar la igualdad de género o garantizar una alimentación «sana, nutritiva y suficiente» a todos los ciudadanos? ¿Qué institución del Estado se encargará de hacer el seguimiento de los progresos?
Estas preguntas deberán tener una respuesta para julio de 2018, cuando a España le tocará presentar en el Foro Político de Alto Nivel los avances en la implementación de la agenda, como ya han hecho medio centenar de países en las ediciones de 2016 y 2017. El calendario apremia. «No se podrá rendir cuentas de nada», vaticina Teresa Ribera, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). «El año pasado, por la situación política con un Gobierno en funciones, estuvimos un poco paralizados, lo que explica el retardo», explica Juan Francisco Montalbán, embajador de España para la Agenda 2030 desde el pasado mes de mayo.
El grupo de trabajo para la preparación de ese examen voluntario ante la ONU todavía no está formado, confirma Montalbán. «Espero que lo podamos anunciar pronto», dice. Solo entonces se sabrá si estarán implicados todos los ministerios, unos pocos o si el peso de «la acción internacional de información de lo que está haciendo en las políticas nacionales», en palabras del embajador, sigue recayendo exclusivamente en Exteriores. Otra cuestión es qué se va a presentar.
«Ni siquiera disponemos de una foto fija de cómo está el país respecto a los Objetivos», critica Ribera. Sin ella, no se sabe el punto de partida respecto a los 244 indicadores a medir, para ver en cuáles se tiene que mejorar, cuánto y cómo. Un ejemplo: la Agenda 2030 establece la necesidad de conocer cuánto tiempo emplean los ciudadanos en trabajos no remunerados de cuidados y en el hogar, desagregados por sexo, edad y territorio. Un dato necesario para conseguir la meta de «reconocer y valorar las labores no compensadas mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección y promoción de la responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia».Es decir, tomar decisiones políticas para conseguir el Objetivo número cinco de lograr la igualdad de género.
El INE, asegura Montalbán, está preparado para hacer las mediciones. «Ya está haciendo la traslación de los indicadores que ya funcionan en España, estudiando los que habrá que ajustar y, en otros casos, tendrán que innovar», indica. No hay, sin embargo, quién le de la orden de comenzar la labor. A falta de datos oficiales, algunas ONG, así como la REDS, han elaborado sus propios estudios e incluso han alineado sus programas en países en desarrollo con los Objetivos. De esta manera, la acción exterior de España en este apartado, el de la cooperación, está encaminada a lograr los retos comprometidos ante la ONU, no solo por convencimiento de las organizaciones del ramo, sino también porque los Gobiernos de los territorios en los que trabajan así se lo exigen.
Todo apunta a que este será uno de los puntos que se incluirán como progreso en el examen voluntario. En el plano doméstico, el país se encuentra en el estadio de las promesas. Expertos en la materia han sugerido, pedido y en algunos casos urgido al Gobierno a que, entre otras medidas, diseñe un Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible,que se cree una institución al más alto nivel para coordinar la implementación de la Agenda 2030 y que todos los ministerios elaboren estrategias anuales para que sus acciones estén encaminadas a lograr los retos que les competen.
Ribera no tiene esperanza en que estas propuestas sean atendidas en el corto plazo. «No ha habido una toma en consideración seria de lo que significa la Agenda. Es verdad que es un proyecto de sociedad, de distintas organizaciones de la sociedad civil y las empresas, pero quien tiene cierta capacidad de cambiar las cosas es el Gobierno y no se detecta ningún interés en él», considera Ribera. No ocurre lo mismo en otros países del entorno, añade la presidenta de la REDS, quien habla con evidente envidia del grado de convicción y progreso en Alemania o Francia. Otros nombres de la larga lista de países aventajados que ya se han puesto en marcha hacia el desarrollo sostenible son Finlandia, Uganda o Colombia. «En España hay un panorama sorprendente, desolador, y estamos perdiendo tiempo», añade Ribera.
