El período político que ahora se cierra es el de una España que ha vivido de espaldas a la cooperación internacional y a la agenda del desarrollo sostenible. A lo largo de una década, una combinación de limitaciones presupuestarias y decisiones políticas elegidas han conformado un país enrocado en sus problemas domésticos, precisamente cuando todo cambiaba a nuestro alrededor y los desafíos globales se disparaban de forma acelerada. El mundo de 2018 es mucho más complejo, inestable e impredecible de lo que era hace solo cinco años. Y todos vivimos con angustia la sensación de que, precisamente ahora, es necesario tomar decisiones que determinarán el futuro mismo del planeta.
Todas estas son razones que justifican el compromiso de cada país con el interés común. Nuestra sociedad y nuestro sistema político están llamados a participar de forma proactiva en la construcción de un modelo de relaciones internacionales y desarrollo justo e igualitario dentro de los límites naturales del planeta. Este papel es particularmente necesario en un momento en el que ha cobrado fuerza una narrativa del ensimismamiento: no puede haber América, ni Europa, Francia, Reino Unido o España first. Porque si algo hemos aprendido con los desafíos del clima, las pandemias, la desigualdad o los desplazamientos forzosos es que en este tiempo nadamos o nos hundimos juntos.
España tiene ahora la oportunidad de elegir su lugar en el mundo. La buena noticia es que el mundo requiere de las capacidades que mejor puede ofrecer nuestro país, las basadas en el poder blando que otorgan la responsabilidad, la solidaridad y el liderazgo. España ha demostrado en las tres últimas décadas que puede establecer lazos firmes a través de la cooperación internacional, la cultura, el compromiso con la UE y la defensa de sus valores universales. Todo ello nos confiere una posición privilegiada y protagonista en la construcción de la gobernanza europea y global.
Quienes firmamos esta tribuna hemos comprobado la importancia de trabajar juntos, por encima de legítimas ideologías e intereses institucionales. Y creemos que existe la posibilidad de hacer que el cambio empiece desde el primer día de este nuevo Gobierno; incluso con un presupuesto heredado y sobre la base de una alianza parlamentaria frágil. Los primeros pasos son necesariamente políticos, empezando por los nombramientos de quienes deban decidir sobre una nueva agenda en los diferentes niveles ministeriales. Ellos y ellas serán los responsables de completar el Plan de Acción para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo borrador se expondrá ante la ONU en julio de este año.
Los ODS constituyen una oportunidad única para definir las aspiraciones y la hoja de ruta de España en asuntos como el cambio climático, la salud global, la pobreza infantil o la desigualdad de ingreso. Asuntos donde los objetivos domésticos están imbricados con los exteriores y donde nuestro país ha demostrado hasta ahora una iniciativa insuficiente. Se debe elevar el perfil político en el liderazgo de la Agenda 2030 e incluir a los ministerios económicos en el corazón del desarrollo de la misma. En comparación con sus socios iberoamericanos, España tiene un retraso considerable en la puesta en marcha de un mecanismo de implementación nacional.
También es prioritario resucitar la ayuda humanitaria, definir el papel de España en los organismos multilaterales o abordar la reforma siempre aplazada de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Para ello es necesario dotar a la dirección y gestión de la Cooperación Española del perfil profesional que esta demanda. Los gestores y expertos que sostienen esta política han de poder adaptarse a una agenda nueva y a un entorno diverso.
La gestión inteligente de este capital político no debe devolvernos al modelo de cooperación de hace una década, sino adaptar la ayuda española a un contexto que ha cambiado. En ámbitos como las energías renovables o la salud global, estos recursos tienen incluso más valor como palanca de innovación, conocimiento y alianzas que como mero combustible financiero. A partir de aquí, el nuevo Gobierno y sus socios parlamentarios tienen la oportunidad de abordar medidas urgentes en algunos ámbitos en los que España ha quedado insoportablemente rezagada:
Movilidad humana
En la llamada crisis de refugiados, nuestro país debe asumir sus obligaciones éticas, políticas y legales en materia de acogida de desplazados forzosos. Asimismo, debe trabajar para que la política migratoria europea abandone la obsesión por el control y la externalización de fronteras, y optimice las oportunidades que un planeta diverso y en movimiento ofrece al desarrollo de los países de origen y destino.
Igualdad
Debemos convertir la justicia de género en una marca de agua de las políticas públicas españolas dentro y fuera de nuestro país. La igualdad social y salarial, así como la protección de las mujeres y niñas agredidas y asesinadas por la violencia machista constituyen hoy una prioridad ineludible en la que España debe dar ejemplo.
Cambio climático y sostenibilidad
Debe impulsarse una estrategia española de desarrollo sostenible que incluya las obligaciones de Adís Abeba, la Agenda 2030, los acuerdos del clima COP21 y la nueva doctrina de desarrollo y salud urbana de Hábitat III. Es el momento de dar el espaldarazo definitivo a la aplazada ley de cambio climático y transición energética.
Equidad
La desigualdad extrema dentro de España y en el conjunto del planeta es al mismo tiempo un desafío ético y un freno para el progreso común. Precisamos un Plan Nacional contra la Desigualdad que contemple medidas contra la evasión y elusión fiscales, la precariedad laboral y la opacidad financiera. España debe incorporar indicadores de desigualdad en su cuadro económico.
Agenda 2030
La transformación profunda que conlleva esta hoja de ruta debe traducirse en estrategias consensuadas por cada uno de los 17 objetivos y para cada administración implicada. También en la elaboración de una Ley de desarrollo sostenible e impulso de la Agenda 2030, y en la coordinación incentivada de todos los actores que desde la sociedad civil y el sector privado contribuyen al éxito de estos objetivos. Cada una de estas medidas se consolidará eventualmente con los nuevos presupuestos que se negocien en el Parlamento. Pero todas ellas exigen consensos complejos que pueden ser construidos desde ahora sobre la base del compromiso político. Eso es lo que le pedimos al nuevo Gobierno, a sus socios parlamentarios y a todos los que tienen la responsabilidad de hacer de la cooperación internacional y la Agenda 2030 una política de Estado. Ni más, ni menos.
